Gobernanza, compradores y clasismo institucional en la FILBo

Nota metodológica Este ensayo usa «clasismo institucional» para describir una estructura de acceso desigual, no para atribuir desprecio personal a funcionarios o directivos. Distingue entre hechos documentados, inferencias críticas y preguntas todavía abiertas. Las respuestas a derechos de petición se leen junto con las páginas, convocatorias y balances públicos de las mismas entidades. Las expectativas de negocio se diferencian de las operaciones inmediatas; la compra de derechos, de la compra de ejemplares; y la internacionalización, de las adquisiciones institucionales colombianas.

I. La respuesta que lo revela todo

La carta tiene una página. Está fechada el 26 de mayo de 2026 y responde a una solicitud de información histórica sobre la participación editorial, la distribución espacial y la estructura de expositores de la FILBo entre 2016 y 2025. La petición preguntaba, entre otras cosas, por bases de expositores, dimensiones de estands, categorías utilizadas, concentración del espacio y criterios comparables entre ediciones. La Cámara Colombiana del Libro contestó que tiene a su cargo «la coordinación y ejecución de la programación cultural» y que, en consecuencia, «no produce, administra, consolida ni custodia» información técnica, comercial, logística, estadística o documental sobre esas materias. Remitió la solicitud a Corferias. ^[1]

La respuesta es administrativamente posible. Una organización puede distribuir funciones y no ser la depositaria material de todos los archivos de un proyecto que comparte con otra. Pedirle a la Cámara un plano que custodia Corferias no convierte mágicamente a la primera en dueña del documento. La cuestión crítica aparece en el salto que introduce la expresión «en consecuencia». ¿Por qué coordinar la programación cultural tendría como consecuencia quedar fuera de la información comercial y espacial de la feria? ¿Por qué la organización de la cultura se presenta como una jurisdicción separada del mercado que esa cultura ayuda a producir?

La identidad pública de la Cámara vuelve más difícil aceptar esa separación como una simple precisión burocrática. La entidad se presenta como un gremio que representa y defiende los intereses de editores, libreros y distribuidores; su propio sitio se proclama «el núcleo de la industria editorial en Colombia». Desde 1988 realiza la FILBo con Corferias. El objetivo general publicado para 2026 no describe un festival exclusivamente cultural, sino un evento con «una dinámica cultural y comercial» que dinamiza una industria y genera ventas. Su misión lo formula de manera todavía más clara: «lo cultural y lo comercial dan forma a la feria». ^[2] No estamos imponiendo desde fuera una definición económica a una institución que la rechaza. Estamos leyendo la definición con la que ella misma se presenta.

Sus memorias institucionales confirman esa vocación. La Cámara registra ISBN, estudia ventas, caracteriza el sector, participa en debates regulatorios y presenta la feria como una de sus plataformas principales. En el informe de 2025, el Salón de Negocios, la Misión de Bibliotecarios y FILBo Emprende aparecen dentro de la gestión gremial, no como operaciones ajenas. ^[21] Su conocimiento sectorial puede estar repartido entre equipos y socios, pero la institución se reconoce públicamente como articuladora de la cadena económica del libro.

La Cámara tampoco ocupa un lugar periférico en los negocios. Convoca, junto con sus aliados, el Salón Internacional de Negocios; participa en la aprobación de perfiles; administra etapas de pago; promueve el Fellowship Program; organiza las Jornadas Profesionales; publica expectativas económicas y celebra el intercambio de derechos y libros. En 2026, la página del Salón explicó que Corferias y la Cámara revisarían a los interesados antes de asignar mesas y que, una vez aprobado el perfil, la propia Cámara enviaría el enlace para pagar. ^[3] En el balance posterior, su sitio destacó 1.246 citas, treinta compradores y USD 4,1 millones en expectativas. ^[4] Es difícil sostener, por tanto, que su relación con la economía de la feria se agota en observar resultados producidos por otros.

La contradicción no consiste en que la Cámara intervenga a la vez en cultura y negocios. Esa doble intervención es natural para un gremio del libro. El libro es una obra, un derecho, un objeto producido, un inventario, una mercancía y una relación de lectura. La contradicción consiste en invocar la integración de esas dimensiones cuando se formula la misión o se anuncia un éxito, y separarlas radicalmente cuando se solicita trazabilidad. La Cámara aparece como organizadora cuando la feria convoca, como articuladora cuando el Salón negocia y como voz sectorial cuando se publican ventas; ante la pregunta por quién ocupa el espacio, bajo qué categorías y con qué evolución histórica, queda reducida a programadora cultural.

Puede resumirse así: centralidad para celebrar, marginalidad para responder. No es una acusación de ocultamiento deliberado. Es el efecto institucional de una respuesta que define la responsabilidad de manera más estrecha que la influencia. Una entidad puede no custodiar la base comercial y aun así asumir la obligación de saber que existe, acordar con su socio cómo se conserva, exigir variables relevantes para sus afiliados y participar en un informe integrado. Remitir al custodio correcto resuelve el trámite; no resuelve la pregunta de gobernanza.

Además, la programación cultural no es económicamente neutra. Decidir quién obtiene una sala, qué autor entra en la agenda oficial, qué lanzamiento recibe difusión y qué pabellón concentra una conversación distribuye atención, reputación y público. En una feria, la visibilidad cultural puede convertirse en venta; la ubicación comercial puede convertirse en legitimidad; una credencial profesional puede convertirse en información. Coordinar la cultura es participar en la asignación de recursos escasos, aunque esos recursos no aparezcan en un balance contable.

La brevedad de la carta revela, entonces, algo mayor que una omisión documental. Revela una manera de imaginar la FILBo: la cultura puede administrarse como contenido mientras la economía queda en otro escritorio; la misión puede ser integral mientras la rendición de cuentas se divide. Esa arquitectura favorece a quien ya conoce el sistema, sabe a quién llamar y puede reconstruirlo por sus propios medios. Para los demás, cada fragmento de información exige una nueva puerta. La respuesta no prueba por sí sola que la feria sea clasista. Sí muestra el mecanismo por el cual la desigualdad puede volverse invisible: cada entidad responde correctamente sobre su parte y nadie responde por el conjunto.

II. Dos organizadores, ninguna mirada completa

En el discurso público, la FILBo tiene dos organizadores: la Cámara Colombiana del Libro y Corferias. En la operación real interviene una constelación más amplia. La Cámara coordina la programación cultural y cumple funciones gremiales y profesionales. Corferias administra el recinto, contrata espacios, asigna estands y resuelve condiciones logísticas y comerciales. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte articula recursos y programas de la ciudad. El Ministerio de las Culturas participa con espacios, convocatorias y estrategias nacionales. ProColombia y la Cámara de Comercio de Bogotá respaldan el Salón Internacional de Negocios. Otras entidades distritales y nacionales programan, financian, distribuyen libros o llevan públicos. La feria es una coproducción institucional mucho más compleja que el logotipo doble de sus organizadores.

Esa complejidad no es un defecto. Una feria de la escala de Bogotá necesita especialización. La programación literaria no se diseña con las mismas herramientas con las que se calculan cargas eléctricas, se comercializan metros cuadrados o se tramita una delegación internacional. El problema comienza cuando la especialización funcional se transforma en fragmentación epistemológica: cada actor conoce su operación, pero ninguno parece producir una mirada verificable sobre la relación entre todas ellas.

La respuesta de Corferias al mismo derecho de petición permite ver el movimiento. La corporación se define como responsable de la dimensión espacial y reconoce que la geografía cambia por crecimiento o contracción del sector, necesidades de comercialización, exigencias logísticas y regulaciones. A la vez admite que «no tenemos sistematizado[s] los cambios que año tras año ha tenido la geografía de la FILBo». Cuando la solicitud entra en preguntas sectoriales, remite conceptualmente a la Cámara, su socia, porque Corferias no cuenta con documentación específica del sector. ^[5] La Cámara había remitido la información comercial y espacial a Corferias; Corferias devuelve lo sectorial a la Cámara. No hay necesariamente mala fe en ese círculo. Hay un vacío de integración.

La Secretaría Distrital ocupa una posición distinta porque su vínculo está formalizado mediante el Convenio de Asociación 474 de 2026, firmado el 28 de enero e iniciado el 3 de marzo. Su respuesta afirma que la inversión cultural tiene carácter de gasto público social y que la Cámara es el único aliado idóneo por su reconocimiento legal como organizadora y por ser titular exclusiva de la marca FILBo. La Secretaría interviene mediante el Pabellón Distrito, FILBo Ciudad y programación académica y cultural. ^[6] Esto significa que la relación no es la de un patrocinador distante: el Distrito aporta legitimidad pública, infraestructura cultural, programación, mediación y acceso territorial.

El Ministerio de las Culturas, por su parte, se describe como expositor institucional, articulador y financiador de programas específicos, no como responsable de la organización general. Su respuesta enumera País de Libros, convocatorias para editoriales independientes y regionales, participación de bibliotecas comunitarias, el Encuentro Nacional de Bibliotecarios y FILBo Emprende. También señala que apoya económicamente a emprendimientos seleccionados para que puedan desplazarse, permanecer y atender sus estands. ^[7] Son intervenciones importantes, pero parciales. El Ministerio puede informar a quién apoyó; no necesariamente sabe cómo ese apoyo se relacionó con la distribución total de espacio, ventas, compradores o públicos.

El Salón Internacional de Negocios agrega otra capa. En 2024 fue presentado como una iniciativa organizada por Cámara y Corferias con apoyo de la Cámara de Comercio y ProColombia; en 2025 el comunicado destacó la organización de ProColombia y la Cámara; en 2026 volvió a describirse como una alianza entre la feria, ProColombia y la Cámara de Comercio. ^[8] Las variaciones pueden responder a la comunicación de cada año, no a cambios jurídicos. Pero refuerzan una pregunta elemental: ¿quién responde por la metodología de sus cifras, el seguimiento de sus expectativas y la distribución de oportunidades entre los participantes?

La gobernanza actual se parece a un libro compuesto por capítulos escritos en archivos distintos. Corferias sabe quién contrató un estand y dónde fue ubicado. La Cámara sabe quién entró en la programación, quién fue aceptado en ciertas jornadas y qué relaciones sectoriales busca promover. Las entidades públicas conocen sus beneficiarios y sus actividades. ProColombia conoce su intervención de internacionalización. Ninguna de esas bases, por separado, permite responder si una editorial regional recibió apoyo, fue situada en un área de baja circulación, accedió a compradores, vendió lo suficiente para recuperar la inversión y consiguió relaciones posteriores.

Una evaluación integral no exige centralizar todos los datos sensibles en una sola oficina ni publicar secretos comerciales. Exige acordar definiciones, custodios, cruces y responsabilidades. ¿Qué variables son públicas? ¿Cuáles se anonimizan? ¿Quién conserva la serie histórica? ¿Quién concilia cifras incompatibles? ¿Quién mide la participación por tamaño, territorio y tipo de actor? ¿Quién informa cuántas expectativas se convirtieron en operaciones? Sin un protocolo común, la feria puede producir muchos informes y seguir sin conocerse.

La fragmentación también altera la rendición de cuentas. Cada entidad puede demostrar cumplimiento con su indicador: eventos realizados, visitantes atendidos, estands contratados, citas programadas, emprendimientos apoyados. Pero el éxito de una parte no garantiza el resultado del sistema. Un programa puede formar editoriales que luego no acceden a compradores; una sala puede completar su agenda sin público; un pabellón puede representar territorios sin ofrecerles circulación comercial. La pregunta integral —si la FILBo fortalece de manera equitativa el ecosistema del libro— queda entre instituciones.

La solución no es inventar un superorganizador. Es crear una instancia de evaluación compartida con una matriz pública de responsabilidades, definiciones estables y un informe anual firmado por los actores principales. Dos organizadores pueden conservar sus competencias. Lo que no pueden es seguir usando la división del trabajo como división del conocimiento. Cuando nadie posee la mirada completa, quienes mejor navegan la feria son los que ya poseen la información informal, el tiempo y las relaciones para reconstruirla. La gobernanza fragmentada no elimina el poder. Lo vuelve menos visible.

III. El clasismo de la información

Llamar clasista a una institución es una afirmación grave. Por eso conviene precisar lo que aquí se sostiene y lo que no. No se sostiene que quienes redactaron las respuestas desprecien a los editores pequeños, ni que un directivo decida conscientemente excluir a quienes tienen menos recursos. Se sostiene que un sistema puede tratar como iguales a actores materialmente desiguales y, al hacerlo, reproducir la ventaja de los que ya disponen de capital, personal, información y relaciones. El clasismo institucional no requiere una frase ofensiva. Puede operar mediante formularios neutrales, tarifas uniformes, criterios abstractos y datos difíciles de obtener.

La igualdad formal diría que cualquier empresa puede contratar un estand, solicitar una mesa o postularse a una convocatoria. La igualdad material pregunta quién puede adelantar la inversión, sostener catorce días de personal, movilizar inventario, pagar alojamiento, preparar catálogos de derechos, responder correos en varios idiomas y esperar meses a que una expectativa se concrete. Para un conglomerado, la FILBo es una operación dentro de un calendario regional. Para una editorial de dos personas, puede ser al mismo tiempo bodega, librería, oficina comercial, campaña de comunicación y una porción decisiva de la caja anual.

La información acentúa esa diferencia. La página del Salón de Negocios de 2026 indica que la participación de expositores y afiliados requiere perfil aprobado, productos con ISBN o ISSN, capacidad de exportación o derechos patrimoniales, más de diez títulos y al menos tres años de constitución. En un estand colectivo, solo tres empresas pueden inscribirse para agendar. Además, la credencial profesional ofrece «acceso a la información sobre expositores y otros visitantes». ^[3] La información no es aquí un subproducto administrativo: es un beneficio explícito asociado a un circuito seleccionado. Quien queda fuera no pierde solo una mesa; pierde capacidad de saber quién está disponible, preparar una agenda y convertir dos días de feria en una estrategia.

Algunos criterios tienen una justificación comercial. Un comprador de derechos necesita interlocutores que puedan contratar; un programa de exportación debe verificar capacidad jurídica; la organización debe equilibrar oferta y demanda. El problema no es que existan filtros. Es tratarlos como si su neutralidad técnica agotara la discusión sobre acceso. Un sello reciente puede tener un catálogo pequeño y una voz cultural indispensable; una editorial regional puede no haber construido todavía infraestructura exportadora; un proyecto colectivo puede reunir más de tres empresas porque esa es la única manera de pagar el espacio. El filtro selecciona preparación comercial, pero luego el resultado se anuncia como fortalecimiento de todo el ecosistema.

Los grandes grupos llegan con departamentos diferenciados: dirección editorial, ventas, derechos, mercadeo, prensa, distribución y análisis. Pueden reservar espacios amplios, movilizar autores, negociar exhibición y sostener reuniones paralelas. Los actores pequeños dependen con mayor frecuencia de convocatorias, estands compartidos, recomendaciones informales y del fundador que atiende al público mientras intenta encontrar compradores. En Muchos libros, pocos dueños, Sopa de letras describió esta diferencia como una bibliodiversidad formal condicionada por infraestructura de circulación y poder concentrada. ^[9] Independencia cultural, precariedad empresarial mostró la otra cara: capitalización limitada, concentración de funciones y flujos de caja irregulares. ^[10]

La historia del pabellón independiente demuestra que la feria ha reconocido parte de esa desigualdad. Según una crónica de la Secretaría de Cultura, la Ruta de la Independencia comenzó hacia 2012 o 2013 como un mapa para localizar editoriales dispersas; el Comité de Editoriales Independientes de la Cámara impulsó después el Pabellón 17, inaugurado en 2018. ^[11] Fue una conquista de visibilidad y comunidad, no una concesión menor. Pero su necesidad también es reveladora: los independientes tuvieron primero que cartografiar su dispersión para poder ser encontrados dentro de una feria formalmente abierta a todos.

El pabellón colectivo puede corregir aislamiento, reducir costos y crear identidad. También puede convertirse en la solución permanente con la que se administra la diferencia sin transformar las condiciones generales. Tener un refugio no equivale a compartir capacidad de negociación. En la misma crónica, el presidente de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente admite que no hay mediciones recientes sobre su cuota de mercado y menciona una vieja estimación cercana al cuatro por ciento. ^[11] Una feria que celebra bibliodiversidad sin medir participación económica puede mostrar muchos sellos y seguir distribuyendo de manera muy desigual ventas, metros, datos y compradores.

El clasismo aparece con especial claridad cuando obtener información pública o sectorial exige saber de antemano quién la tiene. Una empresa grande puede llamar a su contacto gremial, consultar al ejecutivo comercial, contratar investigación o reconstruir antecedentes con su equipo. Una editorial pequeña formula un derecho de petición y recibe dos respuestas parciales: la Cámara no custodia la información comercial; Corferias no sistematizó la historia espacial y remite lo sectorial a la Cámara. ^{[1] [5]} El dato inexistente perjudica a todos como conocimiento colectivo, pero no deja a todos igualmente desorientados. Quien ya está dentro del circuito compensa con relaciones; quien está fuera depende de la regla escrita.

Por eso no basta con afirmar que todos pueden participar. La pregunta es participar en qué condiciones y con qué capacidad de convertir presencia en oportunidad. Una feria equitativa publicaría criterios de asignación, series anonimizadas de espacio, directorios profesionales básicos, rutas de acceso a compradores y resultados desagregados por tamaño y territorio. También ofrecería preparación diferenciada para quienes todavía no cumplen los umbrales del negocio internacional. La información esencial no debería funcionar como una cortesía de pertenencia.

El clasismo institucional de la FILBo, si queremos usar la expresión con rigor, no está demostrado por el origen social de sus directivos ni por el precio de una mesa aislada. Se reconoce en una arquitectura que presume igualdad porque el formulario es el mismo, mientras deja intactas las diferencias de tiempo, capital y acceso. Se reconoce cuando la cultura se ofrece como escenario común, pero el conocimiento útil sobre el mercado circula en capas. Y se vuelve más profundo cuando las instituciones no miden esa desigualdad: lo que no se clasifica por tamaño, territorio y capacidad empresarial puede presentarse después como éxito de todos.

IV. Millones en expectativas, compradores para pocos

El Salón Internacional de Negocios es uno de los programas más valiosos de la FILBo. Reunir oferta y demanda en citas breves, traer compradores, facilitar el intercambio de derechos y exponer catálogos colombianos puede producir relaciones que una editorial difícilmente construiría sola. Criticar sus cifras no implica negar esa utilidad. Implica precisar qué significan, a quiénes describen y qué no permiten concluir.

En 2024, la Cámara informó 1.148 citas y USD 6,1 millones en expectativas de negocio. Señaló además que los negocios realizados durante la feria sumaron USD 1,8 millones. ^[12] En 2025, reportó 1.275 citas, veintisiete compradores internacionales, 144 expositores-exportadores y USD 5.144.336 en expectativas; dentro de esa suma, USD 1.707.809 correspondían a negocios inmediatos. ^[13] En 2026 se realizaron 1.246 citas con treinta compradores de trece países y 159 expositores. El comunicado distinguió USD 448.212 logrados durante los dos días y proyecciones posteriores que elevaban la expectativa global a USD 4.101.142. ^[4]

La serie merece una lectura menos ceremonial. Entre 2024 y 2026, las citas aumentaron 8,5 %, pero las expectativas declaradas disminuyeron 32,8 %. Si se divide la expectativa por cita —un cálculo propio que no equivale al valor real de cada reunión— el cociente pasa de unos USD 5.314 en 2024 a USD 4.035 en 2025 y USD 3.291 en 2026. Los negocios inmediatos representaron aproximadamente 29,5 % de la expectativa de 2024, 33,2 % de la de 2025 y 10,9 % de la de 2026. Estos porcentajes no son comparables sin conocer si cambió el cuestionario, el universo, la tasa de respuesta o la definición de «negocio realizado». Precisamente por eso deberían acompañarse de una ficha metodológica.

La primera distinción es entre expectativa y venta cerrada. Una expectativa es una declaración sobre una operación posible dentro de un horizonte futuro. Puede madurar, reducirse, aplazarse, duplicarse o desaparecer. En 2026, la propia Cámara hizo algo metodológicamente útil al separar el monto de los días del Salón de las proyecciones a uno, tres, seis y doce meses. ^[4] Pero no publicó en el balance consultado un seguimiento posterior que permitiera saber qué proporción se concretó, en qué momento, para cuántas empresas y con qué distribución. Presentar la suma total como si tuviera la misma consistencia que una venta facturada sobrestima la certeza del resultado.

La segunda distinción es entre derechos y ejemplares. Las Jornadas Profesionales de 2024 definieron el Salón como espacio para compra y venta de libros y derechos de edición y traducción, con énfasis explícito en internacionalizar la industria. ^[14] En 2026, el comunicado habló de compra, venta y distribución de derechos. ^[4] Una licencia para traducir una obra puede ser una noticia extraordinaria y abrir un mercado duradero; no es lo mismo que una orden de mil ejemplares para bibliotecas. Una editorial con derechos patrimoniales atractivos participa de manera diferente a una librería, una distribuidora regional o un sello cuyo catálogo depende de licencias ajenas.

La tercera distinción es entre comprador internacional y comprador institucional colombiano. La lista de 2026 incluyó países de América Latina y Estados Unidos; también participaron ocho bibliotecarios de Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Perú. ^[15] Esa internacionalización puede ampliar la circulación del libro colombiano. No responde, sin embargo, a la queja recurrente de editores que buscan compras de bibliotecas públicas, colegios, universidades, cajas de compensación o planes lectores dentro del país. Treinta compradores de trece países no equivalen a una red doméstica de adquisiciones.

El acceso al Salón tampoco es universal. Los perfiles son revisados; las mesas se compran; los expositores que desean agendar deben superar condiciones de catálogo, antigüedad y capacidad de exportación. ^[3] Estas reglas pueden mejorar la pertinencia de las citas, pero delimitan el universo al que pertenecen las cifras. Decir que 159 expositores participaron no autoriza a extender el beneficio a los más de quinientos expositores de la feria, mucho menos a quienes no pudieron contratar estand. El resultado describe a un grupo seleccionado de actores comercialmente preparados.

La métrica decisiva no debería ser solo cuánto dinero se esperó, sino cómo se distribuyó la oportunidad. ¿Cuántas empresas consiguieron al menos una cita? ¿Cuántas concentraron la mayoría? ¿Cuántas eran independientes, regionales o nuevas? ¿Cuántas negociaron derechos y cuántas ejemplares? ¿Qué porcentaje de las proyecciones se cerró a los tres, seis y doce meses? ¿Cuántos vínculos produjeron ventas recurrentes? Sin esas respuestas, un monto grande puede coexistir con muchos participantes sin resultados.

Nada de esto disminuye el mérito de traer compradores o profesionalizar la agenda. Al contrario: permite saber qué programa se quiere fortalecer. Si el Salón es una estrategia de exportación de derechos, debe evaluarse como tal. Si pretende dinamizar ventas de ejemplares, requiere otras variables. Si se presenta como beneficio para la industria nacional, debe mostrar su alcance dentro de la heterogeneidad del sector. Una cifra agregada es útil para comunicación; es insuficiente para política gremial.

La pregunta crítica no es por qué los negocios no están abiertos a cualquiera. Todo mercado profesional necesita preparación. Es por qué la feria invierte tanta capacidad narrativa en anunciar expectativas y tan poca información pública en explicar su conversión y distribución. Los millones otorgan prestigio institucional. Los datos desagregados permitirían saber quién ganó, quién aprendió y quién siguió mirando desde fuera. En esa diferencia se juega si el Salón funciona como ascensor para nuevos actores o como sala eficiente para quienes ya llegaron con las credenciales adecuadas.

V. ¿Dónde están las bibliotecas, los colegios y los planes lectores?

La FILBo sí reúne bibliotecarios. Organiza encuentros, conversa sobre mediación y ha creado una Misión de Bibliotecarios Internacionales dentro de sus Jornadas Profesionales. En 2026, el programa buscó «fomentar la adquisición de catálogos colombianos para su presencia internacional» y se dirigió a responsables de adquisiciones de bibliotecas extranjeras. La Cámara y Corferias ofrecieron hasta USD 400 para el tiquete, dos noches de alojamiento, credencial permanente, información sobre los expositores y acceso a una agenda con agentes del sector. ^[16] Es una política concreta: identifica un comprador, reduce el costo de traerlo y organiza condiciones para que conozca la oferta.

Esa política muestra, por contraste, lo que falta en el mercado doméstico. Si es razonable financiar la llegada de una bibliotecaria estadounidense o peruana para que compre catálogos colombianos, también debería ser razonable construir una misión para responsables de adquisiciones de BibloRed, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, bibliotecas escolares, secretarías de Educación, universidades, cajas de compensación, fundaciones y planes lectores territoriales. No necesariamente con los mismos subsidios ni bajo un único mecanismo contractual, sino con la misma intención: convertir la feria en infraestructura de conocimiento entre necesidades institucionales y oferta editorial.

No se parte de cero. La respuesta de la Secretaría Distrital señala que cinco bibliotecas comunitarias fueron invitadas al Encuentro Internacional Bibliotecario de 2026 y que representantes de su mesa distrital participaron en espacios profesionales. ^[6] El Ministerio informa convocatorias para bibliotecarios y bibliotecas comunitarias. ^[7] Las Jornadas Profesionales de 2024 incluían encuentros de libreros, formación, derechos, traducción y emprendimiento. ^[14] Todo eso construye conversación sectorial. Pero conversar sobre bibliotecas no es organizar un mercado transparente de adquisiciones para bibliotecas colombianas.

Una compra pública no puede improvisarse en un corredor. Está sometida a planeación, presupuesto, selección, requisitos jurídicos y controles. Sería irresponsable proponer que cada colegio llegue con una tarjeta institucional a comprar lo que encuentre. La feria puede hacer algo anterior y más valioso: permitir que los compradores conozcan catálogos, publiquen necesidades, revisen muestras, identifiquen proveedores, comparen diversidad regional y preparen procesos posteriores. Puede ser un lugar de inteligencia de mercado público sin reemplazar la contratación pública.

El Breve Manual de buenas prácticas para las compras públicas de libros, publicado por Cerlalc en 2023, sostiene que estas adquisiciones deben «mejorar, incrementar, transparentar, desconcentrar» la presencia de autores y editoriales locales. Recomienda evitar barreras que excluyan proveedores pequeños, publicar títulos, cantidades, editoriales, proveedores y valores, y generar información descargable sobre participación. ^[17] La compra pública aparece allí como política cultural, educativa y económica al mismo tiempo. No es una desviación mercantil de la misión lectora: es uno de los mecanismos que hace posible que libros diversos lleguen a lectores que no pueden comprarlos individualmente.

La ausencia de un mercado doméstico visible afecta de manera especial a los pequeños sellos. Una multinacional puede abastecer cadenas, participar en licitaciones grandes y mantener equipos dedicados a ventas institucionales. Una editorial regional puede tener el libro exacto que necesita una biblioteca comunitaria y no contar con personal para monitorear procesos en treinta entidades. La feria podría reducir ese costo de búsqueda. Hoy concentra catálogos y compradores potenciales en la misma ciudad, pero no los articula con la intensidad que dedica al negocio internacional.

Una Misión Colombiana de Compradores del Libro podría empezar meses antes. Las instituciones publicarían perfiles de demanda: edades, áreas, territorios, lenguas, formatos, cantidades aproximadas y cronogramas. Las editoriales cargarían metadatos y muestras bajo una estructura común. Durante la FILBo habría citas de exploración, recorridos curados y mesas de bibliodiversidad. Después se publicarían actas, oportunidades y resultados, preservando las reglas de competencia. La función de la feria no sería adjudicar contratos, sino disminuir asimetrías de información.

También habría que separar tipos de comprador. Una biblioteca pública busca diversidad, permanencia y pertinencia comunitaria; una red escolar necesita articulación curricular y mediación; una universidad combina investigación, docencia y actualización; una caja de compensación puede sostener colecciones y programas; una fundación opera por proyectos. Meterlos en la misma categoría produciría otro inventario. La curaduría profesional debe construir rutas según necesidad y permitir que los sellos pequeños se preparen para cada una.

El CONPES 4129 ofrece un marco más amplio. Su acción 2.23 plantea una estrategia para el fomento, fortalecimiento y sostenibilidad de editoriales y librerías independientes en los territorios como dinamizadoras de la industria, el turismo literario y el comercio del libro físico y digital. La respuesta del Ministerio vincula de manera general esa acción con escenarios como la FILBo. ^{[7] [18]} Una red doméstica de compradores convertiría ese vínculo retórico en infraestructura: no solo formación y exhibición, sino demanda organizada.

La internacionalización sigue siendo necesaria. La compra de derechos y la presencia en bibliotecas extranjeras amplían la vida de los catálogos. El problema es la prioridad implícita: la feria ha demostrado que sabe seleccionar compradores, subsidiar su viaje, ofrecerles información y construir agendas cuando mira hacia fuera. Falta aplicar esa inteligencia hacia dentro. Una industria no se fortalece únicamente exportando autores; también cuando sus bibliotecas, escuelas y programas lectores compran de manera diversa, transparente y sostenida.

La pregunta «¿dónde están los compradores institucionales?» no debería escucharse cada abril como el lamento privado de un expositor. Debería convertirse en una pregunta de diseño. Las bibliotecas están; los colegios están; los planes lectores existen, aunque fragmentados. Lo que falta es una arquitectura que los reconozca como compradores profesionales y haga de la FILBo su lugar de encuentro con el ecosistema editorial colombiano. Sin ella, el Salón produce mundo para algunos catálogos mientras el mercado público más cercano permanece disperso.

VI. Dinero público, evaluación incompleta

La participación del Estado en la FILBo no es una anomalía ni un favor indebido. El acceso a la cultura, la lectura y las bibliotecas justifica inversión pública. Una feria capaz de reunir autores, editoriales, mediadores, estudiantes y comunidades puede amplificar programas que de otro modo permanecerían fragmentados. La pregunta crítica no es si el Estado debe estar allí. Es qué exige a cambio de aportar recursos, infraestructura, equipos, contenidos y legitimidad.

La Secretaría Distrital explica que su relación con la Cámara se formalizó mediante el Convenio de Asociación 474 de 2026. Invoca los artículos constitucionales sobre cultura y asociación y la Ley General de Cultura; califica la inversión como gasto público social. Añade que la Cámara es la única organizadora reconocida por la Ley 98 de 1993 y titular exclusiva de la marca FILBo, condición que la convertiría en el único aliado idóneo para ejecutar el proyecto. ^[6] Este encuadre fortalece la necesidad de evaluación: cuando el aliado es único, la comparación competitiva no puede suplir el control sobre resultados.

La Secretaría desarrolla líneas valiosas: el Pabellón Distrito, FILBo Ciudad, clubes de lectura, laboratorios, programación académica y articulación con BibloRed. La descentralización extiende actividades a bibliotecas y espacios comunitarios; se entregan entradas a poblaciones con discapacidad; autores visitan colegios; procesos comunitarios entran en escenarios profesionales. ^[6] El retorno público no puede reducirse a ventas. Incluye acceso, mediación, representación, derecho cultural y fortalecimiento territorial. Precisamente porque el retorno es complejo, necesita indicadores que no sean solo fotografías promocionales.

La misma respuesta reconoce la debilidad. BibloRed considera fundamental «empezar a generar procesos de medición» mediante instrumentos estructurados. Sobre la feria, la Secretaría afirma que su carácter masivo, abierto y con poco control sobre muestreos representa un desafío para medir acceso, participación, impacto, asistencia escolar, formación de públicos, circulación y apropiación. El piloto de 2024 se concentró en La Vuelta, una feria de editoriales independientes, no en la FILBo. ^[6] El verbo importa: después de décadas de asociación, todavía se está empezando.

El Ministerio formula una admisión paralela: «no cuenta actualmente con un sistema único de indicadores» ni con una metodología específica para evaluar grandes eventos editoriales en pluralidad, bibliodiversidad, representación territorial o democratización del acceso. Dispone de informes de convocatorias, listados de asistencia y evaluaciones cualitativas; son insumos, pero no un estándar de impacto. Tampoco tiene un instrumento formulado exclusivamente para su articulación con la FILBo. ^[7] Dos niveles del Estado participan intensamente y reconocen, cada uno, que no pueden evaluar de manera integral el acontecimiento.

Esta carencia no debe convertirse en una acusación fácil. Medir una feria masiva es difícil. Los públicos circulan, entran y salen; las ventas contienen información empresarial; los efectos lectores pueden aparecer meses después; la bibliodiversidad no cabe en un solo porcentaje. Pero la dificultad metodológica no justifica depender indefinidamente de visitantes, eventos y ejemplares entregados. Otras políticas complejas construyen muestras, paneles, indicadores mixtos y evaluaciones por componentes. La feria podría hacerlo si la exigencia formara parte del convenio y de la gobernanza.

¿Qué debería medirse? En lo cultural: perfiles de público, barreras, calidad de mediación, continuidad de participación y experiencia de estudiantes. En lo territorial: procedencia de autores, editoriales, expositores y beneficiarios, no solo número de departamentos mencionados. En bibliodiversidad: tipos de catálogo, lenguas, géneros, tamaños empresariales y concentración de visibilidad. En lo económico: ventas por rangos anonimizados, punto de equilibrio, citas, conversiones, empleo temporal y relaciones posteriores. En lo público: cuánto cuesta cada línea, qué población alcanza y qué capacidad queda instalada en bibliotecas, colegios y organizaciones.

Medir no significa convertir la cultura en una hoja de cálculo. Significa impedir que una sola cifra ocupe el lugar de todas las preguntas. Un evento puede convocar mucho y distribuir mal; descentralizar actividades y concentrar compras; incluir editoriales en una librería colectiva sin mejorar su margen; llevar estudiantes sin construir experiencia pedagógica. Los indicadores deben mantener esas tensiones visibles, no disolverlas en un índice de satisfacción.

La acción 2.23 del CONPES 4129 vuelve más concreta la obligación. Si la política nacional propone fortalecer editoriales y librerías independientes en los territorios durante la década, la FILBo debería producir evidencia sobre ese propósito: cuántos actores apoyados regresan, venden, contratan, distribuyen, acceden a compradores y sobreviven. ^[18] FILBo Emprende ya combina formación y espacio comercial; en 2026, nueve proyectos formados el año anterior compartieron un estand. ^[19] Es un laboratorio ideal para seguimiento longitudinal, no solo para una nota de cierre.

El Estado tampoco puede delegar la evaluación en los organizadores y limitarse a reproducir su balance. Los convenios deberían definir una base mínima de datos, protocolos de anonimización, metas por componente, evaluación externa periódica y publicación de resultados reutilizables. La Cámara y Corferias conservarían información comercial sensible; la ciudadanía recibiría agregados suficientes para juzgar equidad, eficiencia y retorno. Lo público no exige revelar el contrato de cada empresa. Exige que la confidencialidad no se convierta en oscuridad estadística.

La inversión pública en la FILBo puede estar plenamente justificada y, al mismo tiempo, insuficientemente evaluada. Ambas cosas pueden ser ciertas. El error sería creer que cuestionar la segunda amenaza la primera. Ocurre lo contrario: una feria capaz de mostrar qué transforma, para quién y a qué costo tendría una legitimidad más sólida que la que obtiene acumulando visitantes. Cuando el dinero, la infraestructura y la política pública entran en la feria, también debe entrar una pregunta que hoy queda incompleta: ¿qué valor colectivo se creó y cómo se distribuyó?

VII. El riesgo es privado; el éxito es institucional

Antes de abrir el primer día, una editorial ya ha gastado. Produjo los libros, inmovilizó inventario, transportó cajas, contrató o reasignó personal, diseñó el estand, compró o alquiló mobiliario, resolvió electricidad, acreditaciones, alojamiento y alimentación. Durante la feria paga comisiones o descuentos, procesa pagos, repone ejemplares y atiende jornadas extensas. Al cierre devuelve lo que no vendió y espera que los contactos posteriores compensen la inversión. La entrada del público marca el comienzo visible; el riesgo económico empezó mucho antes.

No existe en las fuentes consultadas una serie pública que permita afirmar cuánto cuesta, en promedio, participar ni qué proporción de expositores alcanza el punto de equilibrio. Esa ausencia obliga a no inventar una cifra atractiva. También constituye parte del problema. Corferias informó que no tiene sistematizada la evolución espacial y la Cámara declaró no custodiar bases comerciales, métricas de ocupación ni documentación contractual solicitada. ^{[1] [5]} Sin tarifas históricas comparables, dimensiones, ventas por rangos y costos asociados, la discusión sobre sostenibilidad queda reducida a testimonios.

El balance oficial de 2026 resolvió esa incertidumbre con una frase: «Las editoriales quedaron muy satisfechas, pues cumplieron sus metas de venta». ^[15] No se publicó junto a ella una encuesta, tasa de respuesta, distribución por tamaño ni definición de meta. Puede ser una impresión honesta de la jefatura de Corferias; no puede funcionar como evidencia suficiente sobre más de quinientos expositores. Una editorial que aspiraba a recuperar costos y otra que buscaba liquidar inventario pueden declarar metas distintas. Un promedio de satisfacción escondería pérdidas severas y éxitos extraordinarios.

La primera tarea de una investigación de campo será construir una cuenta económica comparable. Ingresos brutos no equivalen a ganancia. De las ventas deben restarse costo de producción, descuentos, comisiones financieras, alquiler y montaje, transporte, nómina, viáticos, alojamiento, impuestos y costo del inventario deteriorado o devuelto. También existe un costo de oportunidad: durante dos semanas el equipo deja de editar, distribuir o visitar otros clientes. Para una empresa con varias áreas, ese costo se distribuye; para un sello de dos personas, paraliza la operación.

La escala modifica el sentido del riesgo. Un grupo grande puede usar la feria como campaña de marca, distribuir costos entre cientos de títulos, negociar con proveedores y sostener pérdidas en una línea gracias a ganancias en otra. Puede llevar autores de alto reconocimiento que atraen tráfico y convertir el estand en vitrina de una red comercial ya existente. Una editorial pequeña concentra su apuesta en pocos libros, paga proporcionalmente más por cada trabajador desplazado y depende de que el visitante la descubra. La misma tarifa por metro cuadrado no produce el mismo sacrificio financiero.

Los programas colectivos corrigen parcialmente esa desigualdad. El Pabellón 17 agrupa independientes; País de Libros comercializa publicaciones remitidas mediante convocatoria; FILBo Emprende ofreció en 2026 un estand compartido a nueve proyectos y el Ministerio apoyó desplazamiento y permanencia de seleccionados. ^{[7] [11] [19]} Son mecanismos importantes porque reconocen que la igualdad de acceso requiere subsidio, asociación o intermediación. Pero también abarcan universos pequeños y seleccionados. No sabemos cuántos proyectos quedan fuera, qué ventas consiguen ni si regresan sin apoyo.

Cuando las ventas son buenas, el resultado alimenta el balance general. La feria afirma que dinamiza la industria, que los expositores cumplieron y que el evento es motor económico. Cuando son malas, la pérdida se individualiza: fue el catálogo, la ubicación, el precio, la comunicación o la estrategia de cada editorial. Esta asimetría narrativa convierte el éxito privado en activo institucional y el fracaso sistémico en responsabilidad empresarial. No es exclusiva de la FILBo, pero allí se vuelve visible por la escala.

Sopa de letras ha insistido en que «hablar de ventas no degrada el libro». ^[20] Ocultar la economía sí puede degradar las condiciones que permiten publicarlo. Una editorial independiente no traiciona su catálogo por calcular el punto de equilibrio; intenta garantizar que haya un libro siguiente. La feria tampoco traicionaría su misión cultural por publicar rangos de rentabilidad, estudiar costos o reconocer que ciertos formatos expulsan a empresas con menos capital. Confundir esa conversación con vulgaridad comercial es una forma de clasismo cultural: quienes tienen respaldo pueden permitirse despreciar el flujo de caja; quienes viven de él no.

Una evaluación responsable debería preguntar por ventas brutas y netas en rangos anonimizados, costos directos, porcentaje del ingreso anual concentrado en la feria, contactos profesionales, pedidos posteriores y dependencia respecto de la FILBo. Debería comparar grandes grupos, independientes, universitarias, librerías, distribuidores y proyectos regionales sin exponer secretos empresariales. También debería seguir una muestra durante varios años: el valor de una feria puede aparecer en una traducción futura, una distribución nueva o un lector institucional, no solo en la caja diaria.

El reparto del riesgo podría mejorarse. Tarifas escalonadas por tamaño, fondos de movilidad, servicios compartidos, mejores condiciones para colectivos, agendas domésticas de compradores y datos de circulación permitirían que el costo comprara algo más que presencia. Los apoyos no deberían premiar precariedad permanente, sino facilitar una trayectoria hacia autonomía. A cambio, los beneficiarios podrían aportar información anonimizada que permita evaluar el sistema.

Todavía faltan entrevistas y cuentas. Esa limitación debe quedar escrita en el ensayo, no escondida en una nota al pie. Habrá que preguntar cuánto facturaron los expositores, qué descontaron, cuántas personas contrataron, qué contactos conservaron y qué parte de su año depende de abril. La evidencia actual permite formular la hipótesis, no cerrar el balance individual. Pero la hipótesis es fuerte: mientras las instituciones celebran agregados, cada editorial absorbe en soledad la posibilidad de que la feria no funcione para ella. Una gobernanza justa empezaría por compartir el conocimiento de ese riesgo antes de apropiarse colectivamente de su éxito.

Epílogo. La cultura como coartada

La carta de la Cámara puede volver a leerse ahora. No dice literalmente que los negocios sean ajenos a la entidad. Dice que coordina la programación cultural y, «en consecuencia», no produce ni custodia la información comercial, logística, estadística o espacial solicitada. ^[1] La palabra decisiva sigue siendo esa consecuencia. Dentro de ella cabe una idea muy antigua del campo cultural: la misión noble puede separarse de la economía material; las ventas ocurren, pero pertenecen a otro lenguaje; los metros, contratos, compradores y márgenes no formarían parte de la responsabilidad cultural.

El resto de la evidencia desmiente esa separación. La Cámara se define como gremio empresarial y núcleo de la industria. La FILBo publica una misión donde cultura y comercio dan forma conjunta al evento. Corferias la llama motor económico y cultural. El Salón selecciona perfiles, vende mesas, concede credenciales y distribuye información. El Estado invierte porque entiende el libro como derecho y como parte del desarrollo. ^{[2] [3] [5] [6]} La feria no vive a pesar de su economía. Vive mediante ella.

Llamar coartada a la cultura no significa que la programación sea falsa, que los autores sean decoración o que el acceso público carezca de valor. Significa que el prestigio de la palabra cultura puede usarse para suspender preguntas que serían obvias en cualquier otra infraestructura económica. ¿Quién accede? ¿Quién paga? ¿Quién recibe información? ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién se beneficia de los compradores? ¿Qué se logra con recursos públicos? Cuando esas preguntas aparecen, la misión cultural no debería funcionar como salvoconducto.

La coartada también puede adoptar la forma inversa. Los negocios se celebran como éxito de la industria entera, aunque el circuito profesional sea selectivo y las cifras agregadas no muestren distribución. En 2026, treinta compradores y 159 expositores produjeron USD 4,1 millones en expectativas. ^[4] Es un resultado potencialmente valioso. No describe por sí solo a los cientos de expositores restantes, a los proyectos sin estand, a las librerías regionales ni a los sellos que necesitan compradores institucionales colombianos. El plural «la industria» puede ocultar diferencias tan eficazmente como el singular «la cultura».

Ahí aparece el clasismo institucional en su forma más nítida. No como insulto, sino como una distribución desigual de la posibilidad de convertir cultura en sustento. Todos son invitados a celebrar el libro; algunos llegan con equipos, catálogos de derechos, agendas, datos y capital para esperar. Otros atienden el estand, venden, cargan cajas y buscan en los pasillos el contacto que no pudieron agendar. Después, el balance reúne sus esfuerzos en una cifra común. La igualdad ceremonial de pertenecer al ecosistema no corrige la desigualdad material de habitarlo.

La respuesta no puede ser expulsar a los grandes ni romantizar a los pequeños. Los conglomerados aportan inversión, empleo, distribución y capacidad de atraer públicos; las independientes aportan riesgo cultural, diversidad y cercanía con comunidades que el mercado masivo no siempre atiende. Una política ferial madura no elige entre ambos. Reconoce que llegan con poderes distintos y diseña mecanismos para que esa diferencia no determine de antemano quién ve, quién sabe y quién negocia.

Hay cuatro reformas inmediatas. La primera es una gobernanza legible: matriz pública de funciones, custodios de datos y un informe integrado firmado por Cámara, Corferias y aliados públicos. La segunda es democratizar la información profesional: directorios básicos, criterios de asignación, series espaciales anonimizadas y rutas de preparación para actores pequeños. La tercera es crear una misión de compradores institucionales colombianos que articule bibliotecas, colegios, universidades, cajas, fundaciones y territorios sin reemplazar las reglas de contratación. La cuarta es evaluar el retorno cultural y económico con indicadores de distribución, no solo de volumen.

Ninguna reforma exige revelar secretos empresariales. Exige dejar de confundir confidencialidad con ausencia de memoria. Tampoco exige que la Cámara se convierta en Corferias o que la Secretaría administre estands. Exige que los socios acuerden quién puede responder por la feria como sistema. La división del trabajo seguirá existiendo; la división de la responsabilidad no debería.

El libro obliga a sostener dos verdades a la vez. Es un bien cultural que no puede valorarse solo por precio o venta. Es también el resultado de trabajo, capital, derechos, logística y comercio. Si se niega la primera dimensión, la feria se vuelve centro comercial temático. Si se niega la segunda, la cultura termina financiada por el sacrificio silencioso de quienes producen los objetos que la hacen visible. Las dos negaciones favorecen a quienes ya controlan la otra mitad.

Por eso la crítica no pide menos cultura y más negocios. Pide que la cultura deje de ser el lugar al que se envían las preguntas económicas cuando incomodan y que el negocio deje de hablar en nombre de todos sin mostrar su distribución. Una feria del libro es simultáneamente plaza pública, mercado, política cultural e infraestructura profesional. Su gobernanza debe ser capaz de pensar esas funciones juntas.

La Cámara tenía derecho a remitir una solicitud al custodio competente. La FILBo no tiene derecho a permanecer sin una memoria común porque sus organizadores dividieron competencias. Después de treinta y ocho ediciones, saber quién ocupó el espacio, quién accedió a compradores, cómo se distribuyeron oportunidades y qué retornó la inversión pública no es una curiosidad del investigador. Es información necesaria para gobernar.

La cultura se convierte en coartada cuando ennoblece el discurso y empobrece la rendición de cuentas. Puede ser otra cosa: el principio que obligue a mirar la economía desde la equidad, a reconocer el trabajo detrás del catálogo y a construir un mercado donde la diversidad no dependa de la capacidad de perder dinero. Solo así la feria podrá sostener la diversidad cultural que dice celebrar.

Notas y fuentes

Las fuentes institucionales no enlazadas corresponden al archivo de investigación de Chibalete Editores y se identifican por entidad, fecha y radicado.

[1] Cámara Colombiana del Libro, respuesta al derecho de petición de Chibalete Editores sobre participación editorial, distribución espacial y estructura de expositores de la FILBo 2016–2025, 26 de mayo de 2026. Archivo de investigación de Chibalete Editores.

[2] Cámara Colombiana del Libro, «La FILBo», objetivo general, misión y presentación institucional, consulta realizada el 15 de julio de 2026. https://camlibro.com.co/la-filbo/

[3] Cámara Colombiana del Libro, «Salón Internacional de Negocios — FILBo 2026», condiciones, proceso de selección, acceso y beneficios, consulta realizada el 15 de julio de 2026. https://camlibro.com.co/salon-internacional-negocios/

[4] Cámara Colombiana del Libro, «Con 1.246 citas y 30 compradores de 13 países, el Salón Internacional de Negocios de la FILBo muestra un gran balance», 5 de mayo de 2026. https://camlibro.com.co/con-1-246-citas-y-30-compradores-de-13-paises-el-salon-internacional-de-negocios-de-la-filbo-muestra-un-gran-balance/

[5] Corferias, respuesta al derecho de petición de Chibalete Editores sobre participación editorial, distribución espacial y estructura de expositores de la FILBo 2016–2025, 14 de mayo de 2026. Archivo de investigación de Chibalete Editores.

[6] Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, respuesta al derecho de petición de Chibalete Editores, radicado 20268000099291, 16 de junio de 2026, especialmente pp. 1–2, 5–7 y 9. Archivo de investigación de Chibalete Editores.

[7] Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, respuesta al derecho de petición de Chibalete Editores, radicado MC26297E2026 / respuesta MC24061S2026, 16 de junio de 2026, especialmente pp. 4–7. Archivo de investigación de Chibalete Editores.

[8] Cámara Colombiana del Libro, balances del Salón Internacional de Negocios de 2024, 2025 y 2026. Véanse las notas [12], [13] y [4].

[9] Chibalete Editores, «Muchos libros, pocos dueños: concentración editorial y dependencia estructural», Sopa de letras, 26 de febrero de 2026. https://chibaleteeditores.com/muchos-libros-pocos-duenos/

[10] Chibalete Editores, «Independencia cultural, precariedad empresarial: defender el catálogo no basta para sostener la empresa», Sopa de letras, 25 de febrero de 2026. https://chibaleteeditores.com/independencia-cultural-precariedad-empresarial/

[11] Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, «Editoriales independientes encontraron refugio y visibilidad en la FILBo 2025», 11 de mayo de 2025. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/filbo/noticias/Voces-independietes-pabellon-17

[12] Cámara Colombiana del Libro, «El Salón Internacional de Negocios de la FILBo 2024 incrementó sus expectativas de negocios a 6,1 millones de dólares», 2 de mayo de 2024. https://camlibro.com.co/el-salon-internacional-de-negocios-de-la-filbo-2024-incremento-sus-expectativas-de-negocios-a-61-millones-de-dolares/

[13] Cámara Colombiana del Libro, «El Salón Internacional de Negocios de la FILBo alcanza más de USD 5 millones en expectativas de negocios», 11 de mayo de 2025. https://camlibro.com.co/el-salon-internacional-de-negocios-de-la-filbo-alcanza-mas-de-usd-5-millones-en-expectativas-de-negocios/

[14] Cámara Colombiana del Libro, Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 2024, 2024, pp. 1–6. https://camlibro.com.co/wp-content/uploads/2023/09/jornadas-profesionales_FILBo2024.pdf

[15] Cámara Colombiana del Libro, «La FILBo recibió 563.000 visitantes durante 14 días», 5 de mayo de 2026. https://camlibro.com.co/la-filbo-recibio-563-000-visitantes-durante-14-dias/

[16] Cámara Colombiana del Libro, «Misión de Bibliotecarios Internacionales — FILBo 2026», consulta realizada el 15 de julio de 2026. https://camlibro.com.co/mision-de-bibliotecarios-internacionales/

[17] Alianza Internacional de Editores Independientes, Breve Manual de buenas prácticas para las compras públicas de libros (impreso y digital), publicado por Cerlalc, 2023, pp. 4–6, 15 y 19–24. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2023/11/RED-H_COMPRAS-PUBLICAS_Manual-buenas-practicas.pdf

[18] Departamento Nacional de Planeación, Documento CONPES 4129: Política Nacional de Reindustrialización, 2023; acción 2.23 del Plan de Acción y Seguimiento. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4129.pdf

[19] Cámara Colombiana del Libro, «FILBo Emprende: emprendimientos que se forman y participan en la Feria Internacional del Libro de Bogotá», 6 de mayo de 2026. https://camlibro.com.co/filbo-emprende-emprendimientos-que-se-forman-y-participan-en-la-feria-internacional-del-libro-de-bogota/

[20] Chibalete Editores, «El editor como actor público: ética, ventas y responsabilidad sectorial», Sopa de letras, 4 de marzo de 2026. https://chibaleteeditores.com/el-editor-como-actor-publico-etica-ventas/

[21] Cámara Colombiana del Libro, Memorias y estados financieros 2025, 2026, especialmente el informe del presidente ejecutivo y los apartados sobre FILBo y Jornadas Profesionales. https://camlibro.com.co/wp-content/uploads/2026/03/MEF2025-PC.pdf