Actualizar la Ley del Libro no basta

Treinta años después, ¿puede Colombia construir por fin un sistema del libro?

I. Una buena noticia: por fin estamos preguntando qué hizo la ley

Hay algo profundamente saludable en la discusión que acaba de abrir el Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caro y Cuervo sobre la actualización de la Ley 98 de 1993: por fin estamos formulando, de manera explícita, una pregunta que durante demasiado tiempo quedó suspendida en el aire. ¿Qué hizo realmente la Ley del Libro? No qué quiso hacer. No qué beneficios consagró. No qué instituciones reconoció. No qué tan progresista parecía en el momento de su expedición. Qué hizo.

La diferencia es enorme. Durante más de treinta años, Colombia ha vivido con una norma que se convirtió en una pieza estructural del sector editorial. La Ley 98 organizó beneficios tributarios, reconoció al libro como bien cultural, buscó democratizar el acceso, incentivó la edición, la circulación y la comercialización, y ayudó a consolidar una arquitectura jurídica que todavía hoy define buena parte de las condiciones bajo las cuales trabajan editoriales, librerías, autores y otros actores del ecosistema. Sin embargo, el propio documento técnico presentado por el Observatorio Editorial Colombiano comienza reconociendo algo que debería detenernos: no existe, tres décadas después, un estudio integral que compile los datos disponibles, evalúe el grado de cumplimiento de la norma, examine su costo y su impacto y permita determinar con suficiente precisión qué funcionó, qué no funcionó y para quién funcionó.

Ese reconocimiento es, en sí mismo, una noticia importante. No porque resulte tranquilizador descubrir que sabemos menos de lo que deberíamos, sino porque obliga a cambiar la calidad de la conversación. Durante años ha sido relativamente sencillo defender determinadas disposiciones de la Ley del Libro señalando sus intenciones o su valor simbólico. Mucho más difícil ha sido demostrar, con series de datos consistentes, cómo incidieron realmente sobre la estructura empresarial del sector, sobre la circulación territorial, sobre la diversidad de catálogos, sobre la sostenibilidad de librerías y editoriales, sobre la formación de lectores o sobre la concentración del mercado.

En Sopa de letras hemos insistido varias veces en esa dificultad. Nuestra crítica a la historia de la política del libro en Colombia no ha consistido en afirmar que el país carezca de legislación. Más bien lo contrario. Colombia ha producido leyes, planes, programas, estímulos, bibliotecas, políticas de lectura, compras públicas y discursos ambiciosos. El problema ha sido la debilidad con la que muchas de esas piezas se articulan entre sí y, sobre todo, la enorme dificultad para reconstruir después qué efectos concretos produjeron. En Leyes con discurso, libros sin sistema señalábamos precisamente esa paradoja: abundancia de instrumentos, insuficiencia de sistema.

Por eso conviene recibir con atención la propuesta del OEC. El documento no parte únicamente de la intención de modernizar algunos artículos. Intenta revisar la lógica misma de la regulación. Habla de ecosistema, de coordinación institucional, de enfoque territorial, de financiación descentralizada, de compras públicas, de condiciones de trabajo, de profesionalización, de transformación digital y de un sistema de información editorial con vocabularios, metadatos, datos y estadísticas estandarizados e interoperables. También plantea una pregunta incómoda y necesaria sobre los beneficios tributarios existentes: cuánto le han costado al Estado, qué actores han sido efectivamente favorecidos, cómo han contribuido a la democratización de las obras y qué mecanismos de evaluación han permitido verificar su efectividad.

Eso es muy distinto de simplemente preguntar si las exenciones deben mantenerse. La diferencia importa porque una política pública madura no debería limitarse a defender instrumentos por tradición. Si una exención fiscal tiene sentido, deberíamos poder explicar qué problema resuelve, a qué actores beneficia, qué comportamiento busca incentivar y cómo sabremos si está funcionando. Si una compra pública pretende fortalecer la bibliodiversidad, tendríamos que poder observar quién vende, quién queda por fuera, cómo se distribuyen territorialmente los recursos y qué ocurre después con los libros adquiridos. Si una política quiere apoyar librerías, necesitamos distinguir entre abrir nuevas y lograr que sobrevivan. Si la legislación busca democratizar la lectura, necesitamos datos que permitan observar algo más que producción y ventas.

Ese desplazamiento desde la intención hacia la evaluación puede parecer técnico, pero en realidad es profundamente político. Porque medir obliga a hacer visibles las diferencias. Una ley puede beneficiar al sector editorial en términos agregados y, al mismo tiempo, distribuir esos beneficios de manera muy desigual. Puede estimular la producción y no resolver la circulación. Puede favorecer la importación y el comercio de libros sin fortalecer suficientemente la edición local. Puede aumentar el número de títulos registrados y mantener enormes barreras para que una editorial pequeña llegue a librerías, colegios o bibliotecas. Puede financiar colecciones públicas y no garantizar mediación. Puede ampliar la oferta y no construir demanda sostenida.

Si solo miramos el resultado general, todas esas tensiones desaparecen. La actualización de la Ley del Libro debería servir precisamente para impedir que desaparezcan. En ese sentido, resulta especialmente significativo que el documento del OEC describa la Ley 98 como una norma cuyo contenido se concentra en gran medida en derechos y beneficios, mientras que presenta prácticamente ningún componente de seguimiento y evaluación dentro del análisis comparado que propone. En el ejercicio incluido en la exposición de motivos, la Ley 98 aparece con una fuerte concentración en derechos —fundamentalmente exenciones e incentivos— y con 0% en seguimiento y evaluación. El dato no debería tomarse como una medición exhaustiva de toda la historia normativa del sector, pero sí como un síntoma muy expresivo de la lógica con la que se construyó buena parte de esa arquitectura.

Se creó un conjunto de condiciones favorables y luego se asumió, en gran medida, que producirían los efectos deseados.

Esa confianza tenía una lógica histórica. A comienzos de los años noventa, Colombia estaba intentando ampliar el acceso al libro, fortalecer una industria editorial, proteger la creación y reconocer culturalmente la lectura. En nuestra entrada Por fin aparece el lector exploramos precisamente cómo la década de los noventa representó un cambio importante: el lector empezó a aparecer de manera más clara como sujeto de derecho y la democratización del acceso comenzó a ocupar un lugar distinto dentro del discurso público. La Ley 98 forma parte de ese momento y sería injusto leerla únicamente con las expectativas institucionales de 2026.

Pero entender su contexto no significa renunciar a evaluarla. Al contrario. Treinta años ofrecen suficiente distancia para hacer una pregunta que en 1993 era imposible responder: ¿qué ocurrió después?

Sabemos que Colombia desarrolló una industria editorial relevante en la región. Sabemos que Bogotá se consolidó como un centro importante de producción y circulación. Sabemos que las ferias del libro crecieron. Sabemos que el país amplió sus bibliotecas y programas de lectura. Sabemos que existe una producción editorial independiente mucho más diversa de lo que ciertos relatos sobre el sector suelen reconocer. Sabemos también que persisten enormes problemas de distribución territorial, concentración empresarial, informalidad, debilidad de librerías, escasez de datos, dificultades de internacionalización y una distancia considerable entre producción de libros y construcción de hábitos lectores.

Lo difícil es establecer con precisión cuánto de todo eso puede atribuirse a la Ley 98, cuánto ocurrió por otros procesos económicos y culturales, y qué instrumentos específicos tuvieron mayor o menor incidencia.

Eso debería ser central en la discusión actual. Actualizar una norma sin comprender bien la anterior puede llevarnos a repetir una práctica demasiado frecuente: agregar disposiciones sobre disposiciones, corregir efectos parciales, crear nuevas instancias y producir un entramado más complejo sin haber establecido primero qué arquitectura necesitamos realmente.

El propio OEC parece consciente de ese riesgo. La propuesta no se limita a añadir beneficios. Pregunta por armonización normativa, por antinomias jurídicas, por responsabilidades institucionales y por mecanismos sostenibles de financiación. También propone que el Consejo Nacional del Libro tenga un papel relevante en la coordinación del ecosistema y en la construcción de información.

Aquí aparece una posibilidad interesante, pero también una primera exigencia crítica. Si el Consejo Nacional del Libro va a convertirse en un nodo central de coordinación, la nueva ley debería decir con mucha claridad qué capacidades reales tendrá, cómo estarán representados los distintos actores, cómo se evitará que la participación sectorial termine concentrada en quienes ya poseen mayor capacidad de incidencia y qué mecanismos obligarán a convertir deliberaciones en resultados verificables.

Crear una instancia no equivale a crear gobernanza. La diferencia entre ambas cosas está en la capacidad para producir coordinación efectiva, tomar decisiones transparentes, rendir cuentas y sostener procesos en el tiempo.

Esto vale también para los datos. Uno de los aspectos más prometedores de la propuesta es la idea de construir un Sistema de Información Editorial del Ecosistema del Libro Colombiano con vocabularios compartidos y estándares interoperables. Puede parecer un asunto muy especializado, pero tiene consecuencias enormes. Hoy distintas instituciones recopilan información bajo categorías, metodologías y propósitos diferentes. ISBN registra unas cosas; bibliotecas otras; entidades fiscales otras; cámaras y gremios producen estudios de mercado; ministerios reportan programas; distribuidores y librerías poseen información comercial que no siempre es pública. El resultado es un ecosistema donde existen muchos datos y, sin embargo, cuesta construir una imagen común.

Esa fragmentación tiene efectos políticos. Lo que no podemos medir con consistencia es más difícil de discutir. Si no sabemos con claridad cuántas editoriales independientes permanecen activas cinco años después de su creación, resulta difícil diseñar política empresarial. Si no sabemos cómo se distribuyen territorialmente las ventas, la oferta y la compra pública, resulta difícil hablar seriamente de descentralización. Si no tenemos una manera consistente de distinguir producción editorial nacional, importación, coedición, autopublicación y distintos modelos de negocio, terminamos discutiendo categorías que significan cosas distintas según quien las use.

Una infraestructura pública de datos puede ayudar a corregir eso. Pero hay una precaución importante: el sistema de información no puede convertirse en otra colección de indicadores sin preguntas políticas detrás. No basta con producir más datos. Necesitamos decidir qué queremos poder conocer.

Por ejemplo: ¿qué proporción de las compras públicas llega a editoriales pequeñas y medianas? ¿Cuánto demora el pago? ¿Qué regiones reciben colecciones y de qué origen editorial? ¿Qué libros circulan después de ser comprados? ¿Cuántas librerías abren y cuántas cierran? ¿Cuál es la participación real de los sellos independientes en la venta comercial? ¿Cómo se concentra la distribución? ¿Qué ocurre con los derechos de autor? ¿Qué porcentaje de la producción logra circular fuera de Bogotá? ¿Cuántos títulos permanecen disponibles tres años después de publicarse?

Esas preguntas son incómodas porque convierten conceptos amplios como “fortalecimiento del sector” o “bibliodiversidad” en fenómenos observables. Y eso es justamente lo que necesitamos. La nueva Ley del Libro no debería permitir que dentro de veinte años volvamos a encontrarnos frente al mismo problema: una norma importante, numerosas instituciones trabajando alrededor de ella y una enorme dificultad para responder qué cambió.

Por eso esta primera discusión no debería comenzar por si determinada exención se conserva, si se regula cierto descuento o si se modifica una definición. Todos esos asuntos serán importantes. Pero antes hay una cuestión metodológica y política más profunda: la próxima Ley del Libro debería nacer evaluable.

Eso significa incorporar desde el diseño responsabilidades claras de seguimiento, indicadores públicos, periodicidad de evaluación, datos comparables, acceso abierto a la información y mecanismos de revisión. No para convertir la política cultural en una obsesión tecnocrática por el indicador, sino para impedir que el discurso vuelva a sustituir la evidencia.

La cultura también necesita rendición de cuentas. Y eso no amenaza su valor simbólico. Lo protege. Porque cuando una política funciona, poder demostrarlo fortalece su continuidad. Cuando no funciona, permite corregir antes de desperdiciar otra década. Cuando beneficia de manera desproporcionada a determinados actores, permite discutir por qué. Cuando una inversión pública produce resultados valiosos, podemos defenderla mejor.

Incluso la participación sectorial debería quedar conectada con esa lógica. El proceso actual del OEC invita a autores, editores, libreros, bibliotecarios, docentes, estudiantes, funcionarios y demás interesados a contribuir a la actualización, y establece como fecha límite de participación el 9 de octubre de 2026. Es una oportunidad valiosa porque reconoce que una ley de esta naturaleza no debería diseñarse únicamente desde un escritorio jurídico.

Pero la participación no debería terminar cuando se cierre el formulario. Una legislación que pretende gobernar un ecosistema necesita mecanismos permanentes para escuchar cómo está funcionando en territorios, empresas, bibliotecas, escuelas y comunidades. Las condiciones cambian. Las formas de edición cambian. Los formatos cambian. La tecnología cambia. Los modelos de distribución cambian. La propia definición de quién puede producir, publicar y comercializar un libro se ha vuelto mucho más compleja que en 1993.

Por eso actualizar la ley no puede significar simplemente escribir una mejor fotografía de 2026. Tiene que significar construir una norma capaz de aprender. Una norma que obligue a medir, revisar, ajustar y transparentar. Quizá esa sea la primera gran oportunidad de esta discusión. No estamos simplemente ante la posibilidad de renovar una ley envejecida. Estamos ante la posibilidad de corregir una de las debilidades históricas de la política del libro en Colombia: haber creado instrumentos antes de construir una cultura sólida de evaluación sobre aquello que producían.

Treinta años después, la pregunta ya no puede ser únicamente qué beneficios queremos conservar o qué nuevos derechos queremos añadir. La pregunta tiene que ser otra: ¿cómo vamos a saber, dentro de diez años, si esta nueva ley hizo al ecosistema del libro colombiano más diverso, más sostenible, más territorial, más transparente y más capaz de producir lectores? Si no podemos responder desde ahora cómo vamos a medirlo, estaremos entrando de nuevo en una historia que ya conocemos demasiado bien.

II. El problema de fondo no era solo la ley: era que nunca construimos sistema

Una de las palabras más importantes que aparecen en la propuesta de actualización de la Ley del Libro es ecosistema. No es un término decorativo. Supone reconocer que el libro no existe únicamente como un objeto producido por una editorial y comprado por un lector, sino como el resultado de una red de relaciones entre creación, edición, producción, distribución, comercialización, bibliotecas, escuelas, librerías, ferias, lectura, preservación, formación profesional, financiación, datos y política pública. El Observatorio Editorial Colombiano ha insistido precisamente en esa idea al presentar el proceso de actualización: la regulación del libro debería pensarse desde la interdependencia de los actores y no desde la suma de intereses sectoriales tratados por separado.

Ese cambio de lenguaje es relevante porque permite nombrar con mayor precisión una de las debilidades históricas que hemos intentado describir en Sopa de letras. Colombia no ha carecido de acciones alrededor del libro. Durante décadas se han construido bibliotecas, entregado colecciones, producido legislación, financiado ferias, creado incentivos, impulsado planes de lectura, protegido derechos de autor y ejecutado compras públicas. El problema ha sido otro: buena parte de esas intervenciones han funcionado como piezas relativamente autónomas, con objetivos propios, instituciones diferentes y mecanismos débiles de coordinación. El país ha tenido políticas alrededor del libro, pero eso no significa que haya construido un verdadero sistema del libro.

La diferencia importa. Un sistema no existe simplemente porque haya muchos actores activos ni porque distintas instituciones intervengan en segmentos específicos de una cadena. Para hablar de sistema tiene que haber relaciones suficientemente claras entre las piezas, información que pueda circular entre ellas, objetivos compatibles, mecanismos de coordinación y una cierta capacidad de aprender de los efectos de las decisiones. También tiene que existir alguna forma de observar el recorrido completo: qué ocurre desde que un libro se concibe y se produce hasta que circula, llega a una biblioteca, se vende, se presta, se lee o desaparece del mercado.

Una compra pública permite ver con claridad el problema. Vista de manera aislada, la operación parece sencilla: una entidad dispone recursos, selecciona títulos, compra ejemplares y los distribuye. Pero, mirada como parte de un sistema, aparecen muchas más preguntas. ¿Qué editoriales tuvieron realmente capacidad para participar? ¿Qué condiciones financieras exige producir grandes cantidades antes de recibir el pago? ¿Qué actores de distribución intervienen? ¿A qué territorios llegan los libros? ¿Las bibliotecas receptoras cuentan con personal, horarios y condiciones para poner esas colecciones en circulación? ¿Los mediadores conocen los títulos? ¿Qué libros se consultan, cuáles se prestan y cuáles permanecen almacenados? ¿Qué información regresa después a quienes diseñaron la política?

Si esas preguntas no pueden conectarse entre sí, una compra puede ser administrativamente exitosa y culturalmente limitada. Podemos registrar miles de ejemplares adquiridos y no saber qué pasó con ellos. Podemos aumentar momentáneamente la facturación de ciertos proveedores sin comprender qué efecto tuvo la operación sobre la diversidad editorial. Podemos ampliar una colección sin saber si esa ampliación produjo más circulación, más lectura o una mayor apropiación por parte de las comunidades. Allí aparece con toda claridad la diferencia entre una intervención y un sistema.

Lo mismo sucede con las bibliotecas. Construirlas y dotarlas sigue siendo una de las inversiones culturales más importantes que puede realizar un Estado. Pero la infraestructura material no garantiza por sí misma la existencia de lectores. Entre la colección y la lectura aparecen horarios, personal, mediación, programación, préstamo, actualización de fondos, relación con escuelas y familias, condiciones de acceso y capacidades locales. Si esas dimensiones se administran como políticas separadas, la biblioteca puede existir plenamente en términos físicos y, sin embargo, operar por debajo de su potencial cultural.

Del lado empresarial ocurre algo similar. Una ley puede conceder beneficios fiscales a la producción editorial y contribuir de manera importante a hacer viable la publicación de libros. Pero producir no equivale a circular. Entre editar un título y lograr que encuentre lectores aparecen impresión, capital de trabajo, bodegaje, distribución, crédito comercial, librerías, comercio electrónico, metadatos, promoción, ferias, logística e internacionalización. Una editorial puede desarrollar un catálogo culturalmente valioso y seguir siendo extremadamente frágil si alguno de esos eslabones funciona mal o está fuera de su alcance.

Por eso resulta tan importante que la propuesta del OEC incorpore asuntos que durante mucho tiempo aparecieron en conversaciones separadas: gobernanza, articulación territorial, financiación, incentivos, descuentos, compras públicas, condiciones laborales, profesionalización y sistemas de información. La actualización parte de la intuición correcta de que no basta con modificar beneficios aislados. La discusión tiene que desplazarse hacia las condiciones que permiten que el ecosistema funcione como un conjunto.

El riesgo, por supuesto, es que “ecosistema” termine convirtiéndose en una palabra amplia que describe complejidad sin modificar realmente las instituciones con las que intentamos gobernarla. El sector cultural está lleno de conceptos que ampliaron nuestro vocabulario antes de ampliar nuestras capacidades. Podemos hablar de articulación, descentralización, bibliodiversidad y sostenibilidad y continuar ejecutando programas con la misma fragmentación de siempre. El reto de la nueva ley será convertir esa visión sistémica en instrumentos concretos.

Una de las piezas más importantes para hacerlo es la información compartida. El propio Observatorio ha señalado que Colombia no cuenta todavía con un sistema público, abierto e interoperable que integre de manera consistente información sobre creación, producción, comercialización, circulación, lectura y preservación. Existen múltiples fuentes, pero están construidas con propósitos y categorías diferentes. El ISBN registra unas cosas; las bibliotecas otras; los gremios producen estudios de mercado; las entidades públicas conocen sus compras; distribuidores y librerías poseen información comercial propia. Hay muchos datos y, sin embargo, resulta difícil construir una imagen común.

Esa fragmentación informativa termina reproduciendo la fragmentación institucional. Cada actor observa un tramo y la política pública opera a partir de fotografías parciales. Si queremos saber cuántos libros producidos por editoriales colombianas llegan efectivamente a lectores fuera de las principales ciudades, debemos combinar fuentes que no siempre hablan el mismo lenguaje. Si queremos saber qué proporción de las compras públicas beneficia a editoriales pequeñas o medianas, cuánto tarda el pago o qué títulos logran circular después de ser adquiridos, la información puede estar dispersa o simplemente no existir de forma sistemática.

Esto tiene una consecuencia especialmente importante para la descentralización. Es fácil afirmar que hay que fortalecer los ecosistemas regionales. Mucho más difícil es saber cuáles son realmente sus capacidades y cuáles son sus cuellos de botella. En algunos territorios puede faltar distribución; en otros, formación profesional; en otros, librerías, impresión, presupuestos de adquisición o acceso a canales digitales. Sin un mapa suficientemente preciso, la descentralización corre el riesgo de reducirse a llevar actividades culturales a distintas ciudades sin construir capacidades duraderas en esos lugares.

El trabajo que el OEC viene realizando mediante foros y espacios regionales resulta valioso en ese sentido porque permite incorporar perspectivas que normalmente quedan fuera de una discusión demasiado centralizada. Pero la escucha, por sí sola, no resuelve el problema. El verdadero desafío es traducir esas conversaciones en instrumentos que modifiquen la capacidad de los territorios para editar, distribuir, vender, formar profesionales, sostener librerías y fortalecer bibliotecas. La participación cobra sentido cuando produce arquitectura.

Ese punto nos obliga también a aceptar algo que parte del discurso cultural ha evitado durante mucho tiempo: el ecosistema del libro es también una cadena productiva. El libro es un bien cultural y no debería reducirse a mercancía, pero tampoco puede producirse ignorando sus condiciones económicas. Para que un libro exista alguien tiene que escribirlo, editarlo, corregirlo, diseñarlo, imprimirlo o programarlo, almacenarlo, transportarlo, promocionarlo y venderlo. En cada etapa hay trabajo, empresas, contratos, costos, riesgos e inversión.

Si la política pública reconoce el valor cultural del resultado pero no presta suficiente atención a la sostenibilidad de quienes lo producen, puede terminar defendiendo bibliodiversidad en el discurso mientras deja que desaparezcan los actores que la hacen posible. Este problema se vuelve especialmente visible en la edición independiente. Colombia cuenta con numerosos proyectos pequeños que publican autores, desarrollan catálogos especializados, trabajan desde territorios específicos, traducen, ilustran y experimentan con formatos que no siempre tienen cabida en estructuras mayores. Pero muchos de esos proyectos operan con márgenes estrechos, equipos mínimos, dificultades de crédito, altos costos de impresión, pagos demorados y acceso limitado a distribución profesional.

En esas condiciones, una exención tributaria puede ayudar, pero no resuelve el problema completo. La editorial necesita capital de trabajo, información comercial, acceso a canales, mecanismos de pago razonables, metadatos de calidad, posibilidades de internacionalización y condiciones de compra pública que no premien únicamente la escala. Necesita, en otras palabras, un entorno que reduzca algunas de las asimetrías que hoy hacen que producir un catálogo sea posible, pero sostenerlo durante años resulte mucho más difícil.

Esa es la razón por la cual la discusión sobre la actualización de la Ley del Libro no debería agotarse en el debate sobre instrumentos específicos. Los temas de IVA, renta, descuentos, precio fijo o compras públicas son importantes, pero todos ellos deberían ser evaluados desde una pregunta más amplia: qué tipo de relaciones queremos que existan entre los actores del ecosistema y qué capacidades necesitamos para que la diversidad editorial pueda reproducirse.

La circulación es un buen ejemplo. Colombia puede registrar muchos títulos y mostrar una producción editorial activa, pero eso no demuestra que esos libros estén llegando a más lectores. Una parte de la producción puede permanecer concentrada en ciertos mercados urbanos, tener una vida comercial muy corta o no ingresar nunca a circuitos importantes de distribución. La producción es un indicador de actividad, no necesariamente de alcance. Lo mismo ocurre con las ventas agregadas: un mercado puede crecer y concentrarse al mismo tiempo.

Por eso necesitamos hablar de bibliodiversidad efectiva. No basta con que existan muchos sellos o que cada año se registren numerosas novedades. Una diversidad cultural real exige condiciones para que esos catálogos circulen, permanezcan disponibles y encuentren lectores. La diversidad formal puede coexistir perfectamente con una fuerte concentración de acceso a librerías, compras públicas, distribución o visibilidad.

Aquí la relación entre política industrial y política cultural se vuelve evidente. Si una editorial independiente desaparece porque no logra sostener su operación, perdemos una empresa, pero también podemos perder una línea de catálogo, autores, traductores, ilustradores, saberes profesionales y relaciones con ciertas comunidades. Cuando una librería cierra, desaparece un punto de venta, pero también un espacio de descubrimiento, recomendación, conversación y programación cultural. La fragilidad empresarial tiene consecuencias culturales.

Algo semejante sucede con la lectura. Durante años, las políticas de fomento lector y las políticas industriales han funcionado muchas veces como campos vecinos pero no plenamente articulados. Una institución piensa lectores, otra producción, otra patrimonio, otra educación, otra comercio. El problema es que un lector necesita libros y un libro necesita lectores. Una política realmente sistémica tendría que traducir esa relación en decisiones concretas.

Una compra pública, por ejemplo, puede cumplir simultáneamente funciones de acceso, fortalecimiento empresarial y bibliodiversidad. Puede llevar colecciones a comunidades que difícilmente podrían adquirirlas, generar demanda para editoriales nacionales y ampliar la oferta cultural disponible. Pero también puede producir efectos contrarios si sus requisitos, tiempos y mecanismos de selección terminan favoreciendo de manera recurrente a los actores con mayor capacidad financiera y logística. El instrumento es el mismo. Lo que cambia es la manera en que se diseña dentro del sistema.

Por eso la nueva ley necesita algo más que información: necesita retroalimentación. Una política pública madura no debería esperar diez años para descubrir que un instrumento tuvo efectos no previstos. Tiene que incorporar mecanismos para revisar, corregir y adaptar. En este punto, la propuesta de un sistema de información interoperable puede ser más transformadora que muchos beneficios específicos, siempre que exista una gobernanza capaz de usar esos datos para tomar decisiones.

Interoperabilidad, además, no debería significar solo que varias bases de datos puedan conectarse técnicamente. También necesitamos categorías comunes. ¿Qué entendemos por editorial independiente? ¿Qué cuenta como librería activa? ¿Qué significa que un libro esté disponible? ¿Cómo distinguimos edición nacional, importación, distribución y autopublicación? ¿Cómo incorporamos libros digitales, audiolibros y formatos accesibles? Sin definiciones compartidas, los datos pueden seguir siendo incomparables aunque estén almacenados en la misma plataforma.

Todo esto lleva a una pregunta estratégica que la actualización debería formular con mucha claridad: ¿qué ecosistema del libro queremos que exista dentro de veinte años? Podemos continuar con un modelo donde unos pocos actores concentran distribución, datos, acceso a mercado y capacidad financiera, mientras numerosos proyectos culturales sobreviven de manera intermitente mediante estímulos, ferias y esfuerzos extraordinarios. O podemos intentar construir un ecosistema donde empresas de distintos tamaños tengan mejores condiciones para coexistir, donde las regiones desarrollen capacidades propias, donde la información pública reduzca asimetrías, donde las compras estatales contribuyan a diversificar la oferta y donde bibliotecas, librerías, editoriales y lectores formen parte de una arquitectura más conectada.

Una ley no puede producir por sí sola ese resultado. Pero puede crear condiciones favorables o reforzar las asimetrías existentes. Por eso actualizar la Ley del Libro no debería significar solamente modernizar una norma escrita en 1993. Debería significar preguntarnos qué piezas faltan para convertir décadas de políticas, programas e instituciones en un verdadero sistema.

Colombia ya demostró que puede producir libros, construir bibliotecas, organizar ferias, sostener programas de lectura y desarrollar editoriales de enorme valor cultural. Lo que todavía necesita demostrar es que puede conseguir que esas capacidades se fortalezcan unas a otras y que el resultado no dependa permanentemente de esfuerzos aislados.

Ese es, en el fondo, el salto que debería intentar la nueva ley: pasar de tener un sector lleno de iniciativas a construir un sistema capaz de conectarlas, evaluarlas y hacerlas sostenibles en el tiempo.

III. Bibliodiversidad: publicar más no significa circular mejor

Una de las ideas más atractivas de cualquier política del libro es la bibliodiversidad. La palabra tiene algo inmediatamente deseable: muchos catálogos, muchas voces, muchos géneros, editoriales grandes y pequeñas, autores conocidos y nuevos, traducciones, libros regionales, obras infantiles, ensayo, poesía, ciencia, investigación y proyectos que difícilmente encontrarían lugar dentro de una lógica puramente comercial. En principio, parece sencillo reconocerla como un bien público. Un ecosistema editorial más diverso ofrece más posibilidades de representación, discusión y descubrimiento. El problema empieza cuando confundimos la existencia formal de esa diversidad con su capacidad efectiva para circular.

Colombia puede registrar cada año una cantidad importante de novedades y, al mismo tiempo, mantener enormes dificultades para que buena parte de esos libros llegue realmente a los lectores. Puede tener cientos de sellos activos y una oferta cultural aparentemente amplia, pero continuar concentrando visibilidad, distribución, espacio en librerías y acceso a compras institucionales en un número mucho más reducido de actores. Puede incluso mostrar crecimiento en producción y conservar, detrás de ese crecimiento, una estructura de circulación muy desigual. La bibliodiversidad no se agota en cuántos libros se publican. Importa también cuáles permanecen disponibles, quién logra moverlos, dónde pueden encontrarse y cuánto tiempo sobreviven fuera del momento inicial de lanzamiento.

Esa distinción fue central en nuestra entrada Muchos libros, pocos dueños, donde intentábamos mostrar que la diversidad aparente del panorama editorial colombiano convive con estructuras de mercado y distribución que no siempre permiten que esa variedad se traduzca en acceso real. Publicar es apenas el comienzo. Para que un catálogo exista socialmente necesita entrar en circuitos de distribución, ser descubierto por libreros, docentes, bibliotecarios, mediadores y lectores, sostener inventario, contar con metadatos adecuados, aparecer en buscadores, participar en compras públicas y conseguir reposición cuando un título comienza a moverse. Si alguno de esos eslabones falla de manera sistemática, el libro existe jurídicamente y culturalmente, pero puede permanecer prácticamente invisible.

Esto resulta especialmente importante cuando discutimos una nueva Ley del Libro, porque es relativamente fácil legislar para favorecer la producción y mucho más complejo intervenir sobre la circulación. Los incentivos a la edición pueden contribuir a que aparezcan más títulos y más sellos. Las exenciones pueden reducir determinados costos. Los estímulos públicos pueden financiar obras valiosas. Pero si la distribución sigue altamente concentrada, si las librerías trabajan con condiciones difíciles para pequeños proveedores, si los costos logísticos impiden llegar a ciertas regiones o si las compras públicas privilegian de hecho a quienes pueden producir grandes volúmenes y financiar largos plazos de pago, la diversidad producida termina chocando contra una infraestructura que selecciona cuáles libros llegan realmente al mercado.

Ahí aparece una paradoja frecuente. Una política puede celebrar la edición independiente y, al mismo tiempo, operar mediante mecanismos que solo los actores con mayor escala pueden utilizar cómodamente. Puede invitar a pequeñas editoriales a participar en procesos institucionales, pero exigir volúmenes de impresión, garantías, condiciones administrativas o tiempos financieros que las dejan en desventaja. Puede hablar de descentralización mientras la mayor parte de los canales comerciales y profesionales sigue concentrada en Bogotá. Puede promover bibliodiversidad y continuar midiendo el éxito principalmente por número de títulos publicados.

La pregunta debería ser más exigente: ¿qué porcentaje de la diversidad producida logra circular de manera sostenible? Responderla exige mirar más allá del ISBN. Un registro bibliográfico nos dice que un libro existe, pero no que tenga distribución. Tampoco nos dice cuánto tiempo permanece disponible, en cuántos puntos de venta aparece, si alguna biblioteca lo adquiere, si puede comprarse desde otra región o si el editor tiene capacidad para reimprimirlo. Un sistema de información editorial más robusto debería permitir empezar a responder precisamente ese tipo de preguntas. No para controlar qué se publica, sino para entender qué condiciones materiales separan la existencia de un título de su presencia efectiva en el ecosistema.

Esto también obliga a pensar en las librerías de una manera más compleja. Una librería independiente puede ser uno de los espacios más importantes para la bibliodiversidad porque su selección no depende únicamente de los títulos de mayor rotación. Puede recomendar, organizar mesas, sostener conversación con lectores y dar visibilidad a catálogos pequeños. Pero esa función cultural necesita viabilidad económica. Si las librerías enfrentan márgenes estrechos, alquileres altos, costos de operación crecientes y condiciones logísticas difíciles, su capacidad para asumir riesgo sobre editoriales menos conocidas disminuye. Defender bibliodiversidad implica también defender la infraestructura comercial capaz de mostrarla.

Lo mismo ocurre con la distribución. Este es quizá uno de los puntos menos visibles para el lector y más determinantes para el editor. Un libro puede estar bien editado, tener un precio competitivo, recibir buenas reseñas y aun así fracasar comercialmente si no llega a los lugares donde podría encontrar público. La distribución requiere bodegas, sistemas de inventario, fuerza comercial, transporte, facturación, cobranza, seguimiento y relaciones con puntos de venta. Son capacidades costosas que las editoriales pequeñas difícilmente pueden reproducir individualmente. Cuando el acceso a una buena distribución se vuelve limitado, la desigualdad editorial empieza mucho antes de que un lector elija entre dos libros.

Por eso una Ley del Libro contemporánea debería preguntarse si existen formas de reducir esas asimetrías sin intentar sustituir la iniciativa privada. Puede haber espacio para infraestructura compartida, formación logística, estímulos a redes regionales, plataformas de información comercial, apoyo a internacionalización, fortalecimiento de metadatos y mecanismos que faciliten la colaboración entre sellos pequeños. La política pública no necesita convertirse en distribuidora para reconocer que la distribución es una pieza estratégica del ecosistema.

La transformación digital vuelve todavía más importante esa discusión. El comercio electrónico permite que una editorial pequeña venda directamente a lectores de otras ciudades y reduce algunas barreras tradicionales. Los libros digitales eliminan parte de los costos asociados al inventario físico. Las redes sociales y las comunidades lectoras permiten construir audiencias sin depender completamente de medios tradicionales. Todo eso abre oportunidades reales. Pero sería ingenuo pensar que la digitalización elimina la concentración. También en internet existen plataformas dominantes, algoritmos que deciden visibilidad, costos de adquisición de clientes, necesidad de inversión tecnológica y una competencia extraordinaria por atención.

La posibilidad técnica de vender en todo el país no significa que todos los actores tengan la misma capacidad para ser encontrados. La bibliodiversidad digital exige entonces otra clase de infraestructura. Metadatos correctos, estándares de identificación, páginas funcionales, pasarelas de pago, analítica, formatos interoperables y capacidad para distribuir contenidos digitales de manera segura y accesible empiezan a formar parte del trabajo editorial. Una ley escrita para el mundo de 1993 difícilmente podía anticipar esta complejidad. Su actualización debería evitar dos extremos: tratar lo digital como una simple extensión del libro impreso o imaginar que la tecnología resolverá automáticamente problemas estructurales de circulación.

Las compras públicas vuelven a aparecer aquí porque constituyen uno de los instrumentos con mayor capacidad para afectar la bibliodiversidad de manera directa. El Estado es un comprador relevante y sus decisiones pueden modificar la sostenibilidad de catálogos enteros. Una compra bien diseñada puede introducir en bibliotecas y escuelas libros que difícilmente alcanzarían esos espacios por canales comerciales, sostener líneas editoriales de valor cultural y ampliar la exposición de lectores a producciones regionales o independientes. Pero precisamente por ese poder necesita reglas transparentes y una mirada distributiva.

No basta con preguntar si el Estado compra libros diversos. Hay que observar a quién se los compra, mediante qué intermediarios, con qué criterios, bajo qué plazos y con qué distribución territorial. Una colección puede contener títulos extraordinariamente diversos y haber sido producida por un circuito de proveedores muy concentrado. También puede ocurrir lo contrario: un proceso de adquisición puede abrir oportunidades a numerosos sellos, pero seleccionar títulos sin suficiente criterio de mediación o uso. Bibliodiversidad no significa repartir cuotas mecánicas; significa diseñar mecanismos que eviten que la escala económica se convierta automáticamente en el principal filtro cultural.

Esto resulta particularmente importante para las editoriales regionales. Si una política quiere tomarse en serio la descentralización, no basta con asegurar que libros producidos en Bogotá lleguen a todo el país. También tiene que crear condiciones para que libros producidos en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pasto, el Eje Cafetero, el Pacífico o la Amazonía puedan circular fuera de sus territorios de origen. Una bibliodiversidad verdaderamente nacional supone circulación en múltiples direcciones.

Ese punto también tiene una dimensión de representación. Los catálogos construidos desde distintos territorios pueden contener autores, memorias, lenguas, problemas y formas de mirar el país que no necesariamente aparecen con la misma frecuencia en estructuras centralizadas. Si esas editoriales existen pero sus libros apenas circulan localmente, el país conserva diversidad productiva sin conseguir convertirla plenamente en conversación nacional.

Por eso la pregunta por la bibliodiversidad está íntimamente ligada a la cuestión de quién tiene derecho a ser encontrado. Publicar es una forma de existencia cultural. Circular es una forma de participación. Y esa participación depende de infraestructuras que rara vez son neutrales.

También conviene evitar una idealización de la pequeña escala. No todo lo publicado por una editorial independiente es automáticamente más diverso, más valioso o más innovador, del mismo modo que pertenecer a un gran grupo no vuelve un libro culturalmente irrelevante. La política pública no debería construir una oposición moral entre grandes y pequeños. El problema no es que existan actores con escala. En muchos casos, esa escala permite inversión, internacionalización, empleo profesional y circulación amplia. La cuestión es si el ecosistema conserva condiciones suficientes para que otros tamaños y modelos puedan competir, experimentar y permanecer.

Un mercado cultural saludable necesita pluralidad de estructuras, no uniformidad empresarial. Eso significa que la nueva Ley del Libro debería observar con atención las barreras de entrada y de permanencia. Crear una editorial puede ser relativamente sencillo; sostenerla durante diez años es otra cosa. Publicar un primer catálogo puede ser posible mediante inversión personal o estímulos; financiar reposiciones, mantener equipo, pagar regalías, participar en ferias, desarrollar comercio electrónico y asumir devoluciones exige una estructura mucho más robusta. Si queremos bibliodiversidad duradera, tenemos que medir supervivencia, no solo nacimiento.

Esa idea modifica incluso la manera en que entendemos los estímulos. Un apoyo para publicar un libro puede tener enorme valor, pero si cada proyecto comienza de cero y desaparece después, la política produce obras sin necesariamente fortalecer capacidades. En algunos casos puede ser más transformador apoyar procesos de profesionalización, comercialización, traducción, circulación o digitalización que financiar una nueva publicación. El sector cultural suele sentirse más cómodo financiando contenidos que empresas, pero una bibliodiversidad sostenible necesita ambos.

Aquí empieza a aparecer la relación con la siguiente discusión: la edición independiente no necesita únicamente reconocimiento cultural. Necesita ser tratada también como actividad empresarial.

Antes de llegar allí, sin embargo, conviene fijar una idea que debería atravesar la actualización de la ley. Si la nueva norma quiere defender la bibliodiversidad, tendrá que definirla de una manera suficientemente exigente como para no confundirla con la cantidad de novedades. Necesitaremos observar diversidad de actores, de territorios, de catálogos, de modelos empresariales y de canales, pero también capacidad efectiva de circulación y permanencia.

Un país puede publicar muchos libros y seguir ofreciendo al lector un universo estrecho. También puede tener una gran producción independiente y permitir que buena parte de ella viva en condiciones permanentes de precariedad e invisibilidad.

Por eso la bibliodiversidad no debería medirse solamente en el momento en que un libro obtiene un ISBN. Debería poder observarse también años después, cuando preguntamos si todavía está disponible, si consiguió viajar, si llegó a una biblioteca, si encontró libreros dispuestos a recomendarlo y si la editorial que lo publicó sigue existiendo para producir el siguiente. Ese es el punto donde la diversidad deja de ser una cifra editorial y empieza a convertirse en una verdadera propiedad del sistema.

IV. La edición independiente no necesita solo protección cultural: necesita política empresarial

Hay una tendencia frecuente cuando se habla de edición independiente: reconocer su valor cultural, celebrar su diversidad y, al mismo tiempo, tratar su fragilidad económica como si fuera una condición casi natural del oficio. La imagen del editor pequeño que sostiene un catálogo por convicción, con pocos recursos y una enorme carga personal, puede resultar incluso entrañable, pero también puede ocultar un problema de política pública. Si aceptamos que las editoriales independientes cumplen una función cultural específica —publicar autores nuevos, sostener líneas de pensamiento, trabajar desde territorios, experimentar con formatos, traducir, ilustrar y construir catálogos que no necesariamente responden a economías de gran escala— entonces no basta con reconocerlas simbólicamente. Hay que preguntarse qué condiciones necesitan para sobrevivir como empresas.

Ese es uno de los puntos donde la actualización de la Ley del Libro puede quedarse corta si no amplía de verdad su enfoque. La edición independiente no requiere únicamente beneficios tributarios o estímulos puntuales a la publicación. Necesita capital de trabajo, acceso a crédito, formación comercial, infraestructura tecnológica, información de mercado, distribución, internacionalización, mejores condiciones de pago y reglas de compra pública que no conviertan la escala financiera en una barrera de entrada. En otras palabras, necesita política cultural, pero también necesita política empresarial.

Esta afirmación puede generar resistencia porque existe una tradición fuerte de separar la cultura de la lógica empresarial. El temor es que, al hablar de empresas, terminemos reduciendo el libro a mercancía o desplazando la discusión desde el valor cultural hacia la rentabilidad. Pero esa oposición es falsa. Una editorial puede perseguir fines culturales y, al mismo tiempo, necesitar una estructura financiera sana. Puede publicar poesía, ensayo, literatura infantil o autores regionales sin renunciar por ello a pagar salarios, regalías, proveedores, impresión, transporte y desarrollo tecnológico. La sostenibilidad económica no traiciona el proyecto cultural; lo hace posible.

En Colombia, muchas editoriales independientes operan con equipos mínimos. Una misma persona puede encargarse de edición, producción, comercialización, redes, ventas, ferias, contabilidad y relación con autores. Esa versatilidad puede ser una fortaleza en las primeras etapas, pero también se convierte en un límite. Cuando todo depende de dos o tres personas, cualquier crecimiento produce sobrecarga. El catálogo puede aumentar, pero también aumentan los inventarios, las facturas, los plazos de cobro, las devoluciones, la necesidad de reposición y el trabajo administrativo. El problema, por tanto, no es solamente vender poco; es no tener estructura suficiente para crecer cuando aparece una oportunidad.

Esto se vuelve especialmente visible en las compras públicas. Una convocatoria puede representar para una editorial pequeña una oportunidad extraordinaria, pero si para participar necesita imprimir grandes cantidades, financiar la producción por adelantado, asumir costos logísticos importantes y esperar varios meses para recibir el pago, la oportunidad puede convertirse en un riesgo difícil de absorber. Un actor con mayor músculo financiero puede asumir ese ciclo sin comprometer seriamente su operación; para una editorial pequeña, el mismo contrato puede exigir una proporción enorme de su capital disponible.

Por eso las políticas de compra pública deberían observar no solo quién puede ofrecer el mejor precio o la mayor capacidad inmediata de producción, sino qué condiciones financieras están implícitas en el proceso. Los plazos de pago, los anticipos, las garantías exigidas, los volúmenes mínimos y las condiciones de entrega son decisiones que producen efectos estructurales sobre quién puede participar. Una ley que quiera fortalecer bibliodiversidad debe mirar también esos detalles.

Lo mismo ocurre con la distribución. Para una editorial independiente, entrar a una red de librerías no es solamente una cuestión de calidad editorial. Hay condiciones comerciales, porcentajes, consignaciones, devoluciones, créditos y costos logísticos que pueden hacer inviable la operación. Vender a través de terceros implica ceder margen, pero vender de manera directa exige construir canales, gestionar pagos, empacar, despachar y responder al cliente. Ninguna de las dos opciones es sencilla, y ambas requieren capacidades que muchas editoriales pequeñas todavía tienen que desarrollar mientras, al mismo tiempo, sostienen su trabajo editorial cotidiano.

En teoría, el comercio electrónico abrió una oportunidad enorme para las editoriales independientes. Una editorial pequeña puede vender directamente a lectores de otras ciudades, construir una comunidad alrededor de su catálogo y reducir parte de su dependencia de los canales tradicionales de distribución. Los libros digitales también permiten ampliar disponibilidad sin asumir exactamente los mismos costos de inventario físico, y las redes sociales ofrecen herramientas de promoción que hace tres décadas estaban fuera del alcance de proyectos de pequeña escala. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades elimina por sí sola las asimetrías del mercado. Vender directamente implica desarrollar una tienda funcional, integrar medios de pago, mantener actualizado el catálogo, producir fichas de producto de calidad, organizar despachos, atender al cliente y resolver devoluciones o incidencias. Publicar digitalmente exige producir archivos técnicamente correctos, gestionar derechos, metadatos, distribución y accesibilidad. Las redes sociales, por su parte, permiten comunicarse sin intermediarios, pero obligan a producir contenidos de manera constante dentro de un entorno extraordinariamente saturado y competitivo.

Por eso el problema ya no puede formularse simplemente como la necesidad de que las editoriales tengan “presencia digital”. Lo que está en juego es la capacidad de profesionalizar esa presencia y convertirla en una infraestructura comercial que efectivamente contribuya a la sostenibilidad de la empresa. Eso requiere conocimientos, personal, tecnología y tiempo, y por tanto requiere inversión. Para una editorial pequeña, construir un canal directo de ventas o desarrollar una estrategia digital consistente no es un añadido gratuito que puede incorporarse al trabajo editorial existente: suele significar asumir nuevas funciones, contratar servicios especializados o dedicar recursos que compiten con impresión, derechos, honorarios, promoción y desarrollo de nuevos títulos.

Esta es precisamente una de las razones por las que la política pública cultural debería mirar con mayor atención las capacidades empresariales y no concentrarse únicamente en financiar nuevos contenidos. Resulta relativamente fácil reconocer como inversión cultural la publicación de un libro, una traducción o una colección porque el resultado es visible y puede exhibirse. En cambio, financiar sistemas de gestión, comercio electrónico, analítica, metadatos, infraestructura digital o formación comercial puede parecer menos directamente relacionado con la cultura. Sin embargo, esas capacidades son las que permiten que los libros ya producidos encuentren lectores y que la empresa pueda seguir publicando después. En determinados momentos, fortalecer la estructura comercial de una editorial puede tener un efecto cultural mucho más duradero que financiar una novedad adicional.

Esto debería formar parte de la discusión de la nueva ley. No para convertir al Estado en consultor empresarial de cada sello, sino para reconocer que la sostenibilidad del ecosistema necesita instrumentos diferenciados. No todos los actores requieren lo mismo. Una editorial naciente puede necesitar formación y acceso a canales. Una editorial con catálogo consolidado puede necesitar capital de trabajo e internacionalización. Otra puede requerir digitalización, traducción o infraestructura para gestionar derechos. Una política pública más inteligente tendría que dejar de pensar en “el sector editorial” como una categoría homogénea y empezar a reconocer que existen etapas, escalas y modelos de negocio distintos.

También debe prestarse atención al crédito. Muchas editoriales pequeñas tienen dificultades para acceder a financiación bancaria en condiciones razonables porque manejan inventarios difíciles de valorar, flujos irregulares y activos intangibles como derechos, catálogos o marcas. Desde la perspectiva tradicional del crédito pueden parecer empresas frágiles, aunque tengan un catálogo sólido, una comunidad de lectores o una trayectoria cultural relevante. Una política empresarial cultural podría explorar mecanismos específicos de garantías, líneas de crédito, fondos de circulación o instrumentos que reconozcan mejor las particularidades del sector.

Esto no sería excepcional. Otros sectores productivos reciben instrumentos adaptados a su estructura y a sus riesgos. La cultura debería poder discutir los suyos sin sentir que pierde legitimidad. Si se quiere una industria editorial diversa y sostenible, es razonable pensar en mecanismos financieros que reconozcan que el retorno no siempre ocurre al ritmo de otros sectores y que buena parte del valor de una editorial está en activos que no aparecen fácilmente en una lectura contable convencional.

La internacionalización es otro campo donde esta lógica resulta evidente. Exportar libros físicamente puede ser costoso y poco eficiente para una editorial pequeña, mientras que vender derechos exige conocimiento contractual, contactos profesionales, catálogos de derechos, traducciones de muestras y participación en ferias especializadas. Una editorial puede tener obras con potencial internacional y, sin embargo, carecer completamente de la infraestructura necesaria para moverlas fuera del país.

Ahí la política pública puede intervenir de manera mucho más estratégica que mediante la simple presencia institucional en una feria. Puede apoyar formación en derechos, traducción, preparación de catálogos, agendas profesionales y construcción de redes. El objetivo no debería ser únicamente llevar editoriales a encuentros internacionales, sino aumentar su capacidad para cerrar negocios, licenciar obras, construir relaciones de largo plazo y diversificar mercados.

Algo semejante ocurre con las ferias nacionales. Participar en una feria del libro puede ser importante para visibilidad y ventas, pero también implica costos altos de stand, transporte, personal, alojamiento y producción. Para una editorial pequeña, una feria puede ser una inversión significativa que no siempre se recupera directamente en ventas. La política pública podría pensar estos espacios no solo como eventos culturales, sino como infraestructura comercial y profesional, y medir resultados en términos de contactos, distribución, acuerdos, librerías nuevas, derechos y circulación territorial, no únicamente por número de asistentes.

Otro punto fundamental es la información de mercado. Las grandes empresas suelen contar con sistemas propios de ventas, inventarios, segmentación y análisis. Las editoriales pequeñas muchas veces toman decisiones con información incompleta. No saben con precisión qué géneros están creciendo, qué territorios compran más, qué canales funcionan mejor o cómo se comporta la demanda institucional. Un sistema público de información editorial podría reducir parte de esa asimetría, no para sustituir la inteligencia comercial de cada empresa, sino para democratizar datos básicos que hoy están dispersos o son inaccesibles.

La transparencia puede funcionar también como una política de competencia. Si más actores conocen mejor el mercado, las decisiones dejan de depender tanto de intuiciones, relaciones personales o información concentrada en unos pocos. Esto fortalece especialmente a quienes tienen menos estructura y puede mejorar la capacidad general del ecosistema para tomar decisiones más racionales.

En este punto aparece una cuestión sensible: la informalidad. Parte del ecosistema editorial funciona mediante relaciones laborales y contractuales frágiles. Correctores, ilustradores, diseñadores, traductores y autores trabajan muchas veces por proyecto, con ingresos irregulares y poca protección. La propuesta de actualización de la Ley del Libro plantea la necesidad de considerar condiciones laborales y profesionalización, y ese es un avance importante. Pero aquí también debemos evitar soluciones simplistas. Regular más no siempre mejora automáticamente las condiciones si las empresas no tienen capacidad económica para asumir nuevos costos.

La formalización requiere acompañamiento, escalas razonables y políticas que fortalezcan ingresos y productividad. De lo contrario, podemos imponer obligaciones correctas sobre estructuras que no tienen cómo cumplirlas, con el riesgo de aumentar informalidad en lugar de reducirla. La política empresarial cultural debe reconocer esa tensión y diseñar instrumentos que permitan avanzar hacia mejores condiciones laborales sin desconocer la realidad económica de los actores más pequeños.

Algo semejante ocurre con las regalías y las relaciones contractuales con autores. Un ecosistema editorial sano necesita transparencia y mecanismos claros de reporte, pero una editorial pequeña puede tardar años en recuperar la inversión inicial de un título. La política pública debería fomentar buenas prácticas contractuales y mayor trazabilidad sin asumir que todos los modelos económicos funcionan igual. Cuanto más transparente sea la industria, mejor podrá discutir sus problemas y construir confianza entre autores, editores y demás profesionales.

Todo esto nos lleva a una cuestión más amplia: qué entendemos por “independencia”. No basta con que una editorial no pertenezca a un gran grupo. La independencia real requiere capacidad de decisión. Una empresa que depende permanentemente de un único cliente, de una convocatoria o de una cadena de distribución específica puede ser jurídicamente independiente y económicamente muy vulnerable. Fortalecer la edición independiente significa, en buena medida, ayudar a diversificar ingresos, canales y capacidades para que un proyecto no quede atado a una sola fuente.

Una editorial más resiliente puede vender en librerías, directamente, a instituciones, digitalmente y, cuando sea posible, en otros países. Cuantas más fuentes de ingreso y circulación tenga, menos depende de una sola. La política pública puede ayudar a construir esa resiliencia no mediante subsidios permanentes, sino reduciendo barreras estructurales, financiando capacidades y generando condiciones para que las empresas consoliden mayor autonomía.

Los estímulos públicos pueden desempeñar un papel importante como palanca para desarrollar nuevas capacidades, experimentar o atravesar etapas de crecimiento, pero difícilmente deberían convertirse en el modelo económico permanente del que dependa la supervivencia de una editorial. Una política empresarial madura tendría que ayudar a que esos apoyos aumenten la capacidad de generar ingresos, diversificar canales y sostener la operación con mayor autonomía.

La actualización de la Ley del Libro tiene, en ese sentido, una oportunidad importante para introducir esta conversación en el centro de la política cultural. Puede reconocer que el ecosistema necesita no solo protección simbólica y fiscal, sino también instrumentos productivos. Eso obliga, además, a coordinar con entidades que tradicionalmente no se ven como parte de la política del libro: agencias de comercio, banca de desarrollo, programas de emprendimiento, entidades de exportación, instituciones de formación empresarial y programas de transformación digital.

El libro no debería quedar encerrado dentro del sector cultura. Su producción cruza economía, educación, tecnología y comercio. Una política sistémica necesita trabajar con todos esos campos si quiere fortalecer de manera real a quienes producen.

Esto también puede ayudar a corregir una vieja debilidad: la distancia entre industria editorial y formación de lectores. Si una editorial desarrolla un catálogo para niños y jóvenes, su mercado depende en gran medida de escuelas, familias, bibliotecas y políticas de lectura. Si esas políticas funcionan mejor, existe más demanda. Pero si el crecimiento de esa demanda beneficia principalmente a actores internacionales o a grandes cadenas con mejor infraestructura de distribución, el efecto sobre la producción local puede ser limitado.

Aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria: ¿podemos formar más lectores sin fortalecer al mismo tiempo la capacidad de la industria nacional para atenderlos? La respuesta debería ser no. De lo contrario, una política pública de lectura puede terminar ampliando mercado sin fortalecer necesariamente el tejido editorial local.

Esto no significa cerrar el mercado ni proteger artificialmente a productores nacionales. Significa reconocer que la soberanía cultural también depende de capacidad productiva. Un país que lee mucho pero produce poco depende de catálogos y decisiones editoriales tomadas fuera de su territorio. Una política del libro debería aspirar a ambas cosas: lectores fuertes y productores fuertes.

La edición independiente tiene aquí un papel especial porque suele operar en zonas donde el mercado masivo no entra con facilidad. Publica nichos, autores emergentes, experimentación y territorios. Si queremos conservar esa función, debemos dejar de asumir que la precariedad es parte natural de su identidad. No lo es. La independencia no consiste en trabajar permanentemente al límite ni en sostener proyectos culturales mediante sacrificio personal indefinido; consiste en conservar capacidad de decisión y construir condiciones para ejercerla.

La nueva Ley del Libro puede ayudar a dar ese salto si reconoce que la diversidad cultural necesita empresas capaces de sobrevivir, contratar, invertir, innovar y crecer. Puede diseñar incentivos que no se limiten a publicar más títulos, sino que fortalezcan la capacidad para distribuirlos, venderlos, internacionalizarlos y sostenerlos. Puede usar las compras públicas como herramienta de desarrollo empresarial, mejorar el acceso a datos, facilitar financiación y conectar cultura con comercio y tecnología.

Si lo hace, estará introduciendo una transformación importante en la manera en que Colombia piensa su política editorial. Porque una política moderna del libro no debería preguntar solamente cuántos libros se producen ni cuántos sellos aparecen cada año. También debería preguntar cuántas editoriales logran consolidarse, cuántas pueden pagar mejor a sus equipos, cuántas amplían sus canales, cuántas sobreviven después de cinco o diez años y cuántas están en condiciones de seguir publicando el siguiente libro. Ahí se juega una parte importante de la bibliodiversidad futura.

V. Una nueva Ley del Libro debería dejar capacidades instaladas

Después de revisar la historia de la Ley del Libro, sus límites, la fragmentación del ecosistema, los problemas de circulación y la fragilidad empresarial de buena parte de la edición independiente, conviene cerrar con una pregunta concreta: ¿qué debería tener a bordo una nueva Ley del Libro para que dentro de diez o veinte años podamos decir que produjo un cambio estructural? No basta con modernizar definiciones ni con actualizar beneficios existentes. Tampoco sería suficiente añadir nuevas instituciones si estas no cuentan con capacidades claras, financiación, información y mecanismos de seguimiento. La oportunidad de esta reforma está en construir una arquitectura capaz de conectar lo que durante décadas funcionó de manera parcial o dispersa.

La primera exigencia debería ser conceptual: la ley tendría que reconocer que el libro es, al mismo tiempo, bien cultural, bien económico, instrumento educativo, objeto patrimonial y soporte de circulación de conocimiento. Esa condición múltiple no debería resolverse escogiendo una sola dimensión. El error histórico ha consistido muchas veces en fragmentarlas: cultura piensa acceso y creación; educación piensa lectura escolar; comercio piensa empresas; bibliotecas piensan colecciones; hacienda piensa exenciones; los gremios piensan mercado. Una política verdaderamente sistémica tendría que obligar a que esas dimensiones conversen entre sí.

Eso implica, para empezar, una gobernanza mucho más precisa. No basta con tener un Consejo Nacional del Libro si su función se reduce a deliberar o emitir recomendaciones generales. La nueva ley debería establecer con claridad qué instituciones son responsables de qué objetivos, cuáles deben coordinarse, qué metas comunes persiguen y cómo se rinden cuentas. También debería garantizar una representación suficientemente diversa para que el sector no sea leído exclusivamente desde los actores con mayor capacidad gremial o institucional. Editores grandes y pequeños, librerías, distribuidores, autores, traductores, ilustradores, bibliotecas, universidades, mediadores, regiones y nuevos modelos digitales deberían encontrar canales reales de participación.

La gobernanza tendría que incorporar además una dimensión territorial mucho más fuerte. Colombia no puede seguir pensando su ecosistema editorial como si las condiciones de Bogotá fueran equivalentes a las del resto del país. Una política territorial seria debería comenzar por reconocer las capacidades y vacíos de cada región. En algunos lugares el problema será la ausencia de librerías; en otros, la distribución; en otros, la falta de profesionales editoriales, la escasez de presupuestos de adquisición, la baja conectividad o la inexistencia de infraestructura para impresión y logística. La ley debería permitir que las regiones desarrollen instrumentos ajustados a esas diferencias dentro de una estrategia nacional común.

Esto exige recursos. La descentralización sin financiación termina siendo una declaración. Una nueva Ley del Libro debería crear mecanismos estables para financiar ecosistemas regionales, no únicamente eventos puntuales. Las ferias son importantes, pero una región editorial no se construye solo con una feria anual. Se construye con librerías que sobreviven, bibliotecas que compran y circulan libros, editoriales capaces de crecer, profesionales formados, redes de distribución y espacios permanentes de encuentro entre oferta y demanda. La política pública debería poder financiar esas capacidades.

Un segundo componente indispensable es un sistema público de información editorial. Esta probablemente sea una de las piezas con mayor potencial transformador. Colombia necesita una infraestructura que articule información sobre producción, ventas, distribución, bibliotecas, compras públicas, lectura, derechos, exportaciones, importaciones y supervivencia empresarial. No se trata de crear una gran base de datos por el simple valor de tenerla, sino de permitir que el país pueda responder preguntas que hoy siguen siendo difíciles: quién publica, quién vende, quién compra, dónde circulan los libros, cuánto tiempo permanecen disponibles, qué regiones están creciendo y cuáles siguen desconectadas.

Ese sistema debería trabajar con estándares interoperables, definiciones públicas y series comparables en el tiempo. También tendría que distinguir entre datos abiertos y datos comerciales sensibles. La transparencia no exige publicar información empresarial individual que comprometa la competencia, pero sí producir agregados suficientemente detallados para entender el funcionamiento del mercado. Si no sabemos cómo se concentra la distribución o qué porcentaje de las compras públicas llega a editoriales pequeñas y medianas, discutimos bibliodiversidad desde la intuición.

La información debería además alimentar decisiones. El sistema no puede convertirse en un repositorio que cada año produce un informe interesante y luego permanece desconectado de la política. La ley debería establecer evaluaciones periódicas obligatorias y mecanismos de revisión. Si un incentivo no está produciendo los resultados esperados, tendría que poder modificarse. Si una política de compra pública está concentrando excesivamente proveedores, debería corregirse. Si una región muestra capacidades emergentes, podrían redirigirse recursos para consolidarlas.

La nueva Ley del Libro debería, en ese sentido, nacer evaluable. Tendría que definir desde el comienzo qué objetivos pretende conseguir y qué indicadores permitirán observarlos. No solo indicadores de actividad —cantidad de títulos, eventos o ejemplares comprados— sino indicadores de resultado: supervivencia de empresas, circulación territorial, diversidad de proveedores, uso de colecciones, crecimiento de ventas, acceso a mercados internacionales, disponibilidad de catálogos y fortalecimiento de hábitos lectores.

Otro frente decisivo es la circulación. Si algo debería quedar claro después de décadas de política editorial es que producir libros no equivale a hacerlos circular. Una nueva ley debería reconocer la distribución y la logística como infraestructura estratégica. Eso puede traducirse en estímulos a redes regionales, mecanismos de cooperación entre pequeñas editoriales, plataformas compartidas de inventario y comercialización, apoyo a sistemas de metadatos, programas de fortalecimiento logístico y estrategias que faciliten el acceso de catálogos pequeños a diferentes canales.

Aquí también resulta importante pensar en la disponibilidad. Un libro que desaparece del mercado seis meses después de publicarse tiene una vida cultural muy distinta de uno que permanece accesible durante años. La impresión bajo demanda, la producción digital y otros modelos pueden ayudar a mantener vivo el fondo editorial. Una política contemporánea podría apoyar esas tecnologías especialmente para catálogos de baja rotación, obras académicas, poesía, traducciones o proyectos regionales que no justifican grandes tirajes pero siguen teniendo valor cultural.

Las librerías deberían ocupar un lugar mucho más claro. Durante años se las ha tratado principalmente como puntos comerciales, cuando en realidad también cumplen funciones culturales y de mediación. Una buena librería selecciona, recomienda, organiza conversaciones y permite descubrimientos que ningún catálogo digital reproduce exactamente de la misma manera. La ley debería reconocer esa función sin ignorar que la librería necesita ser económicamente viable. Pueden pensarse programas de fortalecimiento, apoyo tecnológico, acceso a crédito, formación, incentivos para presencia territorial y medidas específicas para municipios donde la oferta de librerías es muy baja o inexistente.

Las compras públicas merecen un capítulo especial. Probablemente no exista instrumento con mayor capacidad para conectar simultáneamente acceso, bibliodiversidad, industria y territorio. Pero para que funcione necesita diseño. La nueva ley debería establecer principios de transparencia, pluralidad de proveedores, criterios de diversidad editorial y territorial, plazos de pago razonables y mecanismos que no hagan imposible la participación de empresas pequeñas. También sería deseable incorporar seguimiento sobre el uso posterior de las colecciones. Comprar libros es apenas el primer paso. La política debería saber qué ocurre después.

Esto conecta con las bibliotecas. Una Ley del Libro no puede hablar de acceso sin integrar de manera más fuerte bibliotecas públicas, escolares y comunitarias. Las colecciones necesitan actualización, pero también personal, formación, mediación y presupuestos recurrentes. Una biblioteca sin capacidad para renovar fondos corre el riesgo de convertirse en infraestructura inmóvil. La ley debería contribuir a construir mecanismos estables de adquisición y actualización, idealmente articulados con estrategias de bibliodiversidad y producción nacional.

Sería importante también reconocer la mediación como infraestructura. Durante mucho tiempo hemos invertido en libros y edificios sin invertir con la misma intensidad en las personas que producen la relación entre ambos. Bibliotecarios, docentes, promotores de lectura, libreros y mediadores cumplen un papel decisivo para convertir disponibilidad en uso. Una política sistémica debería considerar su formación y profesionalización como parte del ecosistema del libro, no como una actividad periférica.

La edición independiente necesita medidas más específicas. Una nueva Ley del Libro debería evitar el error de definir independencia únicamente como ausencia de pertenencia a un gran grupo empresarial. Sería necesario construir criterios que permitan reconocer escala, estructura, autonomía y vulnerabilidad. No para asignar privilegios arbitrarios, sino para diseñar instrumentos proporcionales. Una empresa pequeña no compite en las mismas condiciones financieras que una gran compañía y no debería recibir exactamente los mismos mecanismos de apoyo.

Entre esos mecanismos deberían aparecer líneas de crédito específicas, garantías, apoyo a capital de trabajo, programas de profesionalización, transformación digital, internacionalización y gestión de derechos. También podrían existir instrumentos para acompañar etapas de crecimiento. El objetivo no debería ser subsidiar indefinidamente a empresas frágiles, sino aumentar su capacidad de sostenerse por sí mismas.

La internacionalización debería ser otro componente explícito. Colombia ha construido una producción editorial suficientemente rica como para pensar seriamente en exportación de derechos, traducción y circulación regional. La política debería dejar de medir internacionalización únicamente por presencia en ferias. Participar en una feria puede ser útil, pero la verdadera pregunta es cuántos contratos, traducciones, coediciones y acuerdos se generan después. La ley podría promover fondos de traducción, formación en derechos, catálogos internacionales, agendas profesionales y programas para insertar autores y editoriales colombianas en redes globales.

El régimen de derechos de autor también requiere actualización y mayor transparencia. Autores y editores necesitan contratos comprensibles, reportes adecuados y reglas claras para nuevas formas de explotación. El crecimiento de libros digitales, audiolibros, plataformas de suscripción y modelos de licencia introduce relaciones que no eran centrales en 1993. Una política moderna debería garantizar protección autoral sin bloquear innovación. También debería reconocer que la sostenibilidad de las editoriales depende de poder gestionar derechos de manera profesional.

Esto se vuelve todavía más importante frente a la inteligencia artificial. Una nueva Ley del Libro no puede ignorar un cambio tecnológico que afecta creación, traducción, edición, ilustración, búsqueda, recomendación y explotación de obras. No sería sensato intentar resolver toda la discusión sobre IA dentro de una Ley del Libro, pero sí debería garantizar principios básicos de transparencia, respeto a derechos y trazabilidad allí donde estas tecnologías afecten directamente el ecosistema editorial. También debería promover capacidades para que los actores locales puedan usar tecnologías nuevas sin quedar completamente dependientes de proveedores externos.

La accesibilidad debería incorporarse de manera estructural. Hablar de democratización del libro implica también pensar en personas con discapacidad. Los formatos digitales accesibles, estándares editoriales adecuados, audiolibros y diseño inclusivo deberían dejar de considerarse añadidos voluntarios. Una política contemporánea tendría que promover una transición progresiva hacia publicaciones más accesibles, acompañada de formación y apoyo técnico para que las empresas pequeñas puedan adaptarse sin asumir cargas desproporcionadas.

Otra tarea fundamental es la formación profesional. El ecosistema necesita editores, correctores, ilustradores, diseñadores, traductores, gestores de derechos, especialistas en metadatos, desarrolladores de productos digitales, profesionales de marketing y libreros. Muchas de estas competencias se adquieren todavía de manera informal. Una política de largo plazo podría fortalecer programas universitarios, técnicos y de formación continua, especialmente fuera de las grandes ciudades.

La ley debería prestar atención también a las condiciones laborales. La profesionalización del sector no puede construirse sobre precariedad permanente. Pero cualquier mejora normativa tendrá que reconocer la estructura económica real de las empresas. Si queremos mejores contratos, mejores honorarios y mayor formalidad, necesitamos simultáneamente empresas con mayor productividad y mayores ingresos. De lo contrario, la regulación puede terminar desplazando trabajo hacia la informalidad.

Hay además una dimensión que no debería perderse entre todas estas propuestas: la formación de lectores. Una Ley del Libro no puede limitarse a fortalecer oferta y asumir que la demanda aparecerá automáticamente. Colombia necesita continuar invirtiendo en lectura, escritura, oralidad, bibliotecas, mediación y acceso. Pero esa política debería conectarse mucho mejor con la producción editorial. Formar lectores también significa formar personas capaces de elegir, explorar catálogos diversos y construir relaciones duraderas con libros, bibliotecas y librerías.

Esto obliga a pensar con cuidado la relación entre educación y libro. Las escuelas representan uno de los espacios de circulación más importantes del país y, al mismo tiempo, uno de los mercados institucionales más relevantes. Una política moderna debería promover diversidad de materiales, autonomía docente, buenas bibliotecas escolares y mecanismos transparentes de adquisición. También debería evitar que la lógica educativa reduzca el libro a simple herramienta curricular. La literatura, el ensayo, la divulgación y otros géneros cumplen funciones que van mucho más allá de preparar una evaluación.

La transformación digital también debería ocupar un lugar transversal. No como sustitución del libro impreso, sino como ampliación de capacidades. Comercio electrónico, libros digitales, audiolibros, impresión bajo demanda, gestión de metadatos, analítica y plataformas de lectura forman parte del presente del sector. La política pública puede contribuir a que estas capacidades no queden concentradas únicamente en las empresas con mayores recursos.

Para que todo esto funcione, sin embargo, existe una condición final: continuidad. Una de las mayores debilidades de la política cultural latinoamericana es que demasiadas iniciativas dependen de administraciones específicas. Una Ley del Libro debería proteger ciertas capacidades de los ciclos políticos. Los sistemas de información, las líneas de financiación, las estrategias de lectura, la actualización de bibliotecas y la profesionalización necesitan horizontes largos. La edición trabaja con catálogos que se construyen durante décadas; la política no puede funcionar únicamente en periodos de cuatro años.

Tal vez ahí se encuentre la mayor diferencia entre una buena reforma y una verdadera política de Estado. La actualización de la Ley del Libro no debería aspirar solamente a corregir vacíos del pasado. Debería dejar una infraestructura desde la cual el ecosistema pueda seguir aprendiendo y transformándose. Si dentro de diez años cambian las tecnologías, los modelos comerciales o las formas de lectura, la ley debería haber construido instituciones capaces de responder sin necesitar comenzar de cero.

Por eso, más que una lista de beneficios, necesitamos una arquitectura de capacidades. Capacidad para producir información. Capacidad para coordinar instituciones. Capacidad para financiar empresas. Capacidad para distribuir libros. Capacidad para sostener librerías. Capacidad para renovar bibliotecas. Capacidad para internacionalizar catálogos. Capacidad para formar profesionales. Capacidad para acompañar lectores. Capacidad para medir los resultados y corregir lo que no funcione.

Esa debería ser, en última instancia, la medida de la reforma. Durante treinta años Colombia tuvo una Ley del Libro que ayudó a crear condiciones importantes para el sector. Sería injusto negar ese legado. Pero treinta años también bastan para reconocer sus límites y, sobre todo, para entender que proteger el libro como bien cultural no es lo mismo que construir un ecosistema capaz de sostenerlo.

La próxima Ley del Libro debería proponerse algo más ambicioso: conseguir que producción, circulación, lectura, industria, territorio, datos y política pública formen parte de una misma arquitectura.

Si dentro de diez años podemos saber cuántas editoriales sobrevivieron y crecieron, cuánto se descentralizó realmente la producción, cuántos libros nacionales llegaron a nuevos mercados, cuánto se diversificaron las compras públicas, qué ocurrió con las librerías, cómo evolucionaron las bibliotecas y si más personas encontraron una relación cotidiana con la lectura, podremos decir que la ley produjo algo más que una actualización jurídica.

Habrá dejado capacidades. Y quizá esa sea la diferencia fundamental entre legislar sobre libros y construir, finalmente, un país capaz de sostenerlos.

Epílogo. La IA no es el enemigo, las pantallas tampoco

Hay una tentación comprensible cuando pensamos en el futuro del libro: defenderlo de todo aquello que parece competir con él. Defenderlo de las pantallas, de las redes, de los videojuegos, de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Pero esa defensa parte de una idea cada vez menos útil: que el libro sigue siendo un objeto claramente separado del resto del ecosistema digital y que preservar su relevancia significa mantenerlo a salvo de las transformaciones tecnológicas que atraviesan la cultura. El problema es que ese mundo ya NO existe.

Durante buena parte del siglo XX, hablar de política del libro significaba hablar de una cadena relativamente reconocible: autores, editoriales, imprentas, distribuidores, librerías, bibliotecas y lectores. Esa cadena sigue existiendo, por supuesto, pero hoy convive con muchas otras formas de producción, circulación y uso. Un libro puede comenzar como manuscrito, convertirse en archivo digital, imprimirse bajo demanda, distribuirse como EPUB, transformarse en audiolibro, circular por una plataforma de suscripción, alimentar una experiencia educativa, convertirse en fragmentos audiovisuales, dialogar con un pódcast, una comunidad en línea o una herramienta de inteligencia artificial. El texto no necesariamente desaparece en ese proceso. Lo que cambia es su condición. Los libros, en buena medida, devinieron contenido.

La palabra puede resultar incómoda porque parece reducir una obra a una unidad intercambiable dentro de un flujo digital. Y existe un riesgo real de que eso ocurra. Una plataforma puede convertir una novela en minutos de consumo, fragmentarla en citas, recomendaciones o métricas de permanencia. Un algoritmo puede tratar un ensayo como una pieza más dentro de una economía de atención. Pero negar esa transformación no la detiene. Una política pública relevante tiene que entenderla para poder intervenir sobre ella.

Hoy el libro ya no compite únicamente con otros libros por tiempo, dinero y atención. Convive con videos, música, redes sociales, pódcast, videojuegos, newsletters, plataformas educativas y sistemas conversacionales. Y, al mismo tiempo, utiliza esas mismas infraestructuras para encontrar lectores. Una recomendación en una red social puede vender miles de ejemplares. Una comunidad digital puede rescatar un título de fondo. Un audiolibro puede acercar una obra a alguien que difícilmente habría entrado por el impreso. Una plataforma puede permitir que un lector lleve una biblioteca completa en el bolsillo. La pantalla puede distraer, pero también puede ser biblioteca, librería, cuaderno, espacio de conversación y lugar de acceso.

Por eso una nueva Ley del Libro no debería construirse desde una oposición entre papel y pantalla. Esa oposición ya no describe adecuadamente la experiencia contemporánea de lectura. Muchas personas alternan formatos sin percibir una contradicción: leen una novela impresa, consultan artículos en el teléfono, escuchan un audiolibro mientras se desplazan y toman notas digitales. La pregunta importante no es qué soporte debe ganar, sino qué condiciones necesitamos para que las obras sigan siendo accesibles, diversas, sostenibles y significativas dentro de un ecosistema cada vez más híbrido.

La inteligencia artificial forma parte de esa transformación y probablemente será uno de sus aceleradores más importantes durante la próxima década. Ya interviene en traducción, corrección, búsqueda, descubrimiento, producción de metadatos, accesibilidad, síntesis, recomendación y desarrollo de herramientas de lectura. También plantea problemas serios sobre derechos de autor, entrenamiento de modelos, atribución, remuneración, transparencia y sustitución de trabajo profesional. Una ley que ignore estas tensiones quedará envejecida casi desde el momento de su promulgación.

Pero tampoco sería sensato construirla desde el miedo. La IA no es, por sí misma, el enemigo del libro. Como cualquier tecnología, modifica costos, capacidades, relaciones de poder y formas de trabajo. Puede utilizarse para precarizar, concentrar o apropiarse de valor, pero también puede ampliar acceso, facilitar producción, reducir barreras para pequeñas editoriales, mejorar accesibilidad y crear nuevas formas de mediación. La tarea de la política pública no debería ser detener esas herramientas, sino establecer condiciones para que su adopción respete derechos y fortalezca el ecosistema en lugar de debilitarlo.

Eso implica, entre otras cosas, pensar con mayor precisión la relación entre contenido y derechos. Si una obra puede circular en múltiples formatos, ser licenciada a plataformas, utilizada en experiencias educativas, procesada por sistemas de recomendación o incorporada a entornos de inteligencia artificial, los contratos editoriales y autorales tendrán que ser más claros respecto de qué usos se autorizan, durante cuánto tiempo, con qué remuneración y bajo qué mecanismos de reporte. La expansión digital no debería producir una zona gris donde los derechos existen formalmente pero resulta imposible seguir su explotación.

También obliga a discutir la trazabilidad. En un ecosistema digital, saber dónde circula una obra, bajo qué licencia y con qué uso puede ser tan importante como saber cuántos ejemplares físicos se imprimieron. La próxima Ley del Libro podría impulsar estándares que permitan identificar obras, ediciones, formatos y titulares de derechos de manera más consistente. Esa infraestructura sería útil no solo para proteger autores, sino también para facilitar licenciamiento, distribución, comercialización y acceso.

La transformación tecnológica plantea además una oportunidad enorme para las editoriales pequeñas. Herramientas que hace pocos años requerían equipos especializados pueden estar cada vez más al alcance de estructuras reducidas. Automatizar ciertos procesos administrativos, mejorar metadatos, desarrollar versiones accesibles, analizar catálogos o facilitar la adaptación a nuevos formatos puede reducir costos y liberar tiempo para tareas propiamente editoriales. La política pública debería ayudar a que esas capacidades no queden concentradas en quienes ya tienen mayor escala. Formación, infraestructura compartida y estándares abiertos pueden ser tan importantes como los incentivos tradicionales.

Pero la discusión va todavía más allá. Si los libros se convierten en contenidos que pueden existir dentro de experiencias más amplias, también cambia nuestra idea de qué significa leer. Un texto puede ser acompañado por audio, imagen, conversación, preguntas, anotaciones, comunidades y herramientas de mediación. Eso no significa que todas las obras necesiten convertirse en productos transmedia ni que la lectura silenciosa haya perdido valor. Significa que las fronteras entre libro, experiencia educativa y entorno digital son hoy mucho más permeables. Y la nueva ley debería entender esa permeabilidad.

Podría hacerlo evitando definiciones excesivamente estrechas de libro que queden atadas a un soporte específico y reconociendo una diversidad de formatos sin diluir la especificidad editorial. Podría garantizar que los beneficios, programas de circulación y políticas de acceso no excluyan automáticamente audiolibros, publicaciones digitales o formatos accesibles. Podría impulsar interoperabilidad para que las bibliotecas presten contenidos digitales sin quedar completamente subordinadas a ecosistemas cerrados. Podría promover estándares que permitan conservar patrimonio digital con la misma seriedad con la que preservamos colecciones impresas.

También debería considerar una cuestión de soberanía cultural. Cuando una parte creciente de la circulación ocurre en plataformas globales, una porción cada vez mayor de la relación entre editor y lector está mediada por infraestructuras que no controlamos. Esas plataformas conocen qué se busca, qué se compra, qué se abandona, qué se escucha y cuánto tiempo permanece una persona frente a una obra. Los datos culturales adquieren un valor estratégico.

Una política del libro para la próxima década debería preguntarse quién posee esa información y qué capacidad tienen los actores colombianos para acceder a datos sobre su propio mercado. No se trata de pretender aislar al país de plataformas internacionales, sino de evitar que toda la inteligencia sobre el comportamiento lector quede concentrada fuera del ecosistema local. El sistema público de información editorial que hemos defendido a lo largo de este ensayo cobra aquí una dimensión adicional: en el mundo digital, disponer de datos propios es también una forma de autonomía.

Lo mismo ocurre con la recomendación. Durante siglos, buena parte del descubrimiento de libros pasó por libreros, bibliotecarios, profesores, críticos, amigos y medios culturales. Hoy una proporción creciente de ese proceso está mediada por algoritmos. Esa transformación no tiene por qué ser negativa, pero tampoco es neutral. Los sistemas de recomendación pueden ampliar descubrimiento o encerrarnos en patrones repetitivos; pueden visibilizar catálogos pequeños o privilegiar aquello que ya posee mayor tracción comercial.

La ley probablemente no pueda ni deba regular cada algoritmo de recomendación, pero sí puede promover transparencia, competencia, interoperabilidad y condiciones para que la diversidad editorial no desaparezca dentro de sistemas dominados exclusivamente por la lógica de la popularidad.

Una política contemporánea del libro necesita, además, abandonar la idea de que proteger la lectura significa necesariamente reducir la tecnología. La pregunta educativa no debería ser cuánto podemos mantener a niñas, niños y jóvenes alejados de las pantallas, sino qué tipo de relación queremos que construyan con ellas. Una pantalla utilizada para desplazarse compulsivamente por contenido diseñado para capturar atención no es lo mismo que una pantalla utilizada para leer, escribir, investigar, conversar o producir conocimiento.

La diferencia no está únicamente en el dispositivo. Está en la arquitectura de la experiencia. Ese principio debería importar especialmente en las políticas de lectura. Si una plataforma digital quiere formar lectores, su diseño no tendría que buscar simplemente maximizar permanencia o consumo. Puede utilizar tecnología para acompañar, orientar, recomendar, permitir anotaciones, conectar lecturas y devolver al lector al texto. La inteligencia artificial, en ese contexto, podría funcionar como herramienta de mediación y no como sustituto de la lectura.

La nueva Ley del Libro debería dejar suficiente espacio para que aparezcan esos modelos sin quedar atrapada en categorías heredadas de 1993. Una legislación demasiado rígida puede proteger muy bien el mundo que conocemos y llegar tarde al que está apareciendo. Ese es quizá el punto central. No necesitamos una ley obsesionada con anticipar cada nueva tecnología. Sería imposible. Necesitamos una ley construida sobre principios suficientemente robustos como para seguir siendo relevante cuando cambien los formatos: protección de derechos, diversidad, acceso, interoperabilidad, competencia, transparencia, preservación, sostenibilidad empresarial y formación de lectores.

Si esos principios están bien diseñados, la ley puede adaptarse. Si se limita a enumerar soportes, probablemente quedará vieja muy pronto.

Diez años, en términos tecnológicos, son muchísimo tiempo. En 2036 el ecosistema editorial probablemente tendrá herramientas, modelos de distribución y prácticas de lectura que hoy apenas alcanzamos a imaginar. Precisamente por eso la actualización que Colombia discute ahora no debería preguntarse solamente cómo llevar la Ley 98 de 1993 al presente. Debería preguntarse qué marco necesitamos para atravesar la próxima década sin tener que reconstruir otra vez toda la conversación desde cero.

El libro no está desapareciendo. Está cambiando de forma, de soporte, de contexto y de relación con quienes lo leen.

Entender esa transformación no significa renunciar al libro. Significa tomarlo suficientemente en serio como para reconocer que su futuro ya no cabe únicamente entre dos tapas.

Referencias institucionales y normativas

1. Congreso de Colombia. Ley 98 de 1993 — Ley del Libro.
   Es la norma de base de todo el ensayo: democratización y fomento del libro colombiano, beneficios tributarios, bibliotecas, ferias, producción y circulación editorial. Conviene enlazar en la bibliografía final a la versión oficial vigente de la ley.
2. Observatorio Editorial Colombiano, Instituto Caro y Cuervo. “Propuesta técnica para la actualización de la Ley del Libro en Colombia”. 2026.
   Es la fuente principal del ensayo. Allí se plantea expresamente que la Ley 98 lleva más de treinta años sin una evaluación integral de cumplimiento, costos e impacto y se abre el proceso participativo de actualización.
   Actualización de la Ley del Libro — OEC
3. Observatorio Editorial Colombiano. “Documento de trabajo: propuesta técnica para la actualización de la Ley 98 de 1993”. Versión del 11 de septiembre de 2026.
   Es especialmente importante porque contiene el desarrollo técnico que utilizamos para discutir gobernanza, financiación descentralizada, incentivos tributarios, descuentos, compras públicas, condiciones laborales, profesionalización, seguimiento y sistema interoperable de información editorial. El OEC mantiene allí tanto la propuesta como la versión más reciente del documento de trabajo.
   Documentos del Observatorio Editorial Colombiano
4. Observatorio Editorial Colombiano. “¿Cómo actualizar la ley del libro en Colombia? Una lectura necesaria sobre datos abiertos, política pública y futuro editorial”. 17 de julio de 2026.
   Fundamenta uno de los ejes principales de nuestro ensayo: la ausencia de información pública, abierta e interoperable que permita conocer con suficiente precisión los efectos reales de la Ley 98.
5. Instituto Caro y Cuervo / OEC. “El Instituto Caro y Cuervo presentó en Felibar 2026 una propuesta de actualización de la Ley del Libro en Colombia”. 24 de agosto de 2026.
   Resulta especialmente útil para la noción de ecosistema como red de organismos interdependientes y para verificar los grandes campos incluidos en la propuesta: gobernanza, articulación territorial, financiación, tributación, descuentos, compras públicas, trabajo, profesionalización e interoperabilidad de datos.
6. Observatorio Editorial Colombiano. “Felibar y el Instituto Caro y Cuervo promueven espacios de diálogo para fortalecer el ecosistema regional del libro”. 2026.
   Sirve para nuestro análisis sobre descentralización, construcción de capacidades regionales y participación territorial en la reforma.
7. Observatorio Editorial Colombiano. “FilBoy 2026 abre el diálogo regional para transformar el ecosistema del libro en Colombia”. Agosto de 2026.
   Complementa la discusión territorial y resulta interesante además porque la propia feria trabajó bajo el lema “Del libro a la pantalla”, muy conectado con el epílogo que desarrollamos sobre transformación digital.
8. Consejo Nacional del Libro. Definiciones para el sector del libro en Colombia. Documento 001, 2026.
   Nos interesa particularmente por la discusión acerca de categorías compartidas: qué entendemos por editorial, librería, actores del sector y otras definiciones necesarias para que un futuro sistema de información pueda producir datos comparables. Está disponible dentro del repositorio documental del OEC.
9. Observatorio Editorial Colombiano. Censo Estadístico Nacional de Editoriales Independientes Colombianas — CENEDIC 2024.
   Tanto el glosario como los instrumentos asociados son antecedentes importantes para nuestra discusión sobre edición independiente, caracterización empresarial y necesidad de conocer mejor la estructura real del sector.

Antecedentes de Sopa de letras

Estos no son simples enlaces internos para SEO. En realidad forman el corpus argumentativo previo del nuevo ensayo y explican por qué nuestra lectura de la reforma es más crítica que una simple reseña de la propuesta del OEC.

1. “Por fin aparece el lector: los noventa y la promesa de la lectura como derecho”. 24 de enero de 2026.
   Es probablemente el antecedente histórico más directo. Allí estudiamos precisamente la Ley 98 de 1993 y la tensión que instala entre democratización del acceso, estímulos al mercado, bibliotecas, mediación y formación de lectores. También aparece ya la pregunta por la posibilidad de democratizar el acceso sin democratizar necesariamente la estructura del mercado editorial.
   Leer “Por fin aparece el lector”
2. “Bibliotecas para todos, políticas para pocos: la década en que la lectura quiso ser Estado”. 28 de enero de 2026.
   Fundamental para la tesis según la cual infraestructura y dotación son necesarias, pero no suficientes. Allí analizamos el paso hacia el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, la desigualdad territorial, BibloRed, la dificultad de medir transformación lectora y la vulnerabilidad de las políticas frente a los ciclos de gobierno.
   Leer “Bibliotecas para todos, políticas para pocos”
3. “El país que quiso lectores: balances, tensiones y silencios de medio siglo de políticas de lectura”. 28 de enero de 2026.
   Funciona como uno de los balances históricos de nuestra serie sobre legislación, bibliotecas, mediación, alfabetización y formación de lectores. Es importante para entender por qué en el ensayo nuevo insistimos en distinguir actividad pública de arquitectura acumulativa de largo plazo. Aparece en el corpus actual de Sopa de letras.
4. “Políticas de lectura en Colombia: ritmos, énfasis y límites de un proyecto inconcluso”. 1 de febrero de 2026.
   Otro balance transversal del recorrido histórico. Es especialmente pertinente para nuestra insistencia en continuidad institucional, evaluación y diferencia entre política de gobierno y política de Estado.
5. “Leyes con discurso, libros sin sistema”. 25 de febrero de 2026.
   Este es uno de los antecedentes intelectuales centrales del nuevo ensayo. Allí formulamos la tesis que ahora retomamos: Colombia no ha carecido de leyes, planes o intervenciones alrededor del libro, sino de una arquitectura capaz de hacerlas acumulativas y sistémicas. El nuevo ensayo podría verse, en cierta medida, como una actualización de aquella pregunta frente a la reforma de 2026. La entrada figura en el archivo de Sopa de letras.
6. “Independencia cultural, precariedad empresarial”. 25 de febrero de 2026.
   Antecedente directo de la parte IV. Allí cuestionamos la tendencia a celebrar la independencia editorial mientras se normaliza su fragilidad económica. La tesis que trasladamos al nuevo ensayo es que la bibliodiversidad necesita empresas sostenibles y que una política cultural del libro debería tener también una dimensión de política empresarial.
7. “Muchos libros, pocos dueños: concentración editorial y dependencia estructural”. 26 de febrero de 2026.
   Es la fuente propia principal para las secciones sobre concentración, bibliodiversidad efectiva, distribución e inserción asimétrica de Colombia en el mercado editorial en español. Allí planteamos expresamente la pregunta de si puede existir una política de lectura sin una política industrial cultural.
   Leer “Muchos libros, pocos dueños”
8. “El editor como actor público: ética, ventas y responsabilidad sectorial”. 4 de marzo de 2026.
   Es relevante para la dimensión ética y empresarial que atraviesa la nueva entrada: transparencia, relaciones autorales, responsabilidad empresarial y reconocimiento del editor como actor cultural y económico. Está incluido en el corpus publicado de Sopa de letras.
9. “El problema no era el dato. Sobre los límites del estudio del libro digital en Colombia de la Cámara Colombiana del Libro”. 27 de marzo de 2026.
   Este texto debería entrar expresamente en las referencias del epílogo. Allí ya habíamos problematizado cómo medimos el libro digital y qué dejamos por fuera cuando intentamos leer el cambio tecnológico únicamente con categorías editoriales tradicionales. Es un antecedente muy importante para nuestra idea de que el libro ha devenido contenido y la política debe aprender a observar esa transformación.
10. “El mapa y sus vacíos”. 27 de agosto de 2026.
    Nuestra lectura crítica del número 110 del Boletín Cultural y Bibliográfico, dedicado al ecosistema del libro colombiano entre 2000 y 2025, es probablemente el antecedente más reciente. Allí volvimos sobre las preguntas de representación sectorial, datos, desigualdad entre actores, circulación y aquello que los mapas institucionales del ecosistema alcanzan —o no alcanzan— a mostrar.